Bogotá/EFE
La canciller colombiana, María Ángela Holguín, confesó a Efe que el conflicto con Nicaragua fue durante más de una década «una bomba de tiempo» que le explotó al actual Gobierno y reveló que en 2007 se conocieron hechos clave que afectaban a Colombia en el proceso, pero no se informó al país.
Al concluir su año más complicado al frente del Ministerio de Relaciones de Exteriores a causa de esa crisis, Holguín reconoció en una entrevista con Efe que durante 2013 Nicaragua «opacó una gran labor de política exterior que ha cambiado sustancialmente la imagen de Colombia en los últimos tres años».
En noviembre de 2012, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) concedió a Nicaragua 75,000 kilómetros cuadrados de mar colombiano, lo que llevó al presidente Juan Manuel Santos a retirar al país del Pacto de Bogotá, que reconoce la jurisdicción del Tribunal de La Haya.
Los problemas con Nicaragua, que había demandado a Colombia en 2001, no quedaron ahí, ya que tras meses de tensiones el pasado 16 de septiembre la nación centroamericana presentó otra demanda en reclamo de una plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas desde la costa colombiana.
Y el 27 de noviembre impuso otra más para que la CIJ obligue a Colombia a cumplir el fallo de 2012. La ministra expresó que «ha sido muy difícil explicarle al país un tema que no es fácil porque había mucha desinformación», al remarcar que «este proceso tenía once años».»Había una bomba de tiempo que el día que llegara, al que estuviera, le iba a explotar y me tocó», reconoció la canciller.
E indicó: «hemos tratado de manejarlo de la mejor manera posible porque no podíamos quedar como un país que desconoce el derecho internacional y a la comunidad internacional, ni como un país que se resigna».
Para la canciller esta crisis arroja «un balance muy complejo y muy difícil» porque «hubo una falta de información muy grande específicamente en el año 2007, cuando la Corte responde a las excepciones preliminares presentadas por Colombia».
Se refirió así a la fecha en la que se detectaron hechos que iban a afectar al país y eso ocurrió cuando gobernaba Álvaro Uribe (2002-2010). Entonces, según Holguín, la CIJ consideró que si bien «era válido» el Tratado de Esguerra-Bárcenas, por el que Nicaragua y Colombia fijaron en 1928 sus límites, ese acuerdo no contemplaba que dicha frontera marina estaba en el meridiano 82, por tanto la Corte se reservaba el derecho a fijar los límites.
«Se incorporaba totalmente un peligro para Colombia», insistió, al quejarse de que «al país no se lo comunicaron» y a eso achaca el descontento popular por el fallo de 2012. Ahora el Gobierno trabaja «en varios frentes».
El primero es esperar a que la Corte Constitucional defina reordenamiento jurídico interno, ya que la Carta Magna sólo contempla modificaciones fronterizas decididas a partir de tratados bilaterales.
Y el segundo es aguardar los consejos del equipo de abogados especialistas en derecho internacional, que tiene la opción de interponer un recurso de revisión del fallo, pero la ministra advirtió de que «la Corte los ha negado todos», o bien un recurso de interpretación, pero podría demorar el proceso hasta diez años.
«Eso es lo que estamos viendo», aclaró Holguín, quien insistió en que la visión es «integral» porque al fallo se han sumado otras dos demandas. Sobre el nuevo reclamo marítimo, recordó que Colombia no ha firmado la Convención del Mar, la que impone el concepto de plataforma continental extendida, y en ese sentido indicó que se debe «tener claro hasta qué punto se le puede imponer a un país una decisión si no ha firmado la Convención».
En todo caso, Colombia proseguirá el cronograma de la CIJ, incluso tras abandonar el Pacto de Bogotá: «la Corte ha dado a Nicaragua un año para presentar la primera memoria y a Colombia otro año para contestar», aseveró Holguín.
«Somos súper respetuosos, no hemos desconocido a la Corte, ya fuimos, hemos nombrado a la gente, nos hemos reunido», reiteró. Dijo asimismo que la petición nicaragüense para que obligue a Colombia a cumplir coloca a la CIJ en una situación difícil, «pues es la primera vez que le presentan una demanda de este tipo y la Corte no tiene herramientas para hacer que se ejecute un fallo».
En ese contexto, los gobiernos de Nicaragua y Colombia no se han sentado a hablar este año, pero Holguín dejó claro que la situación «ni mucho menos» llevaría a una ruptura de relaciones diplomáticas.
«Con Nicaragua desde hace muchos años tenemos una relación cercana, un diálogo normal, pero no tenemos una agenda como con el resto de países de Centroamérica», advirtió sobre ese lazo marcado precisamente por el histórico litigio.
