Leonor Álvarez
Entre los 31 recursos rechazados por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) está el recurso de las autoridades de los pueblos indígenas y afrodescendientes que también recurrieron por inconstitucionalidad en contra de la Ley 840 o Ley Especial para el Desarrollo de Infraestructura y Transporte Nicaragüense atingente a El Canal, Zonas de Libre Comercio e Infraestructuras Asociadas, mejor conocida como Ley del Gran Canal.
Entre los argumentos legales que caracterizan a los recursos están: Violación a la soberanía nacional al otorgar dominio exclusivo y total a una empresa extranjera sobre una enorme porción del territorio nacional, renunciando expresamente a la soberanía que solamente puede ejercer el Estado; violación al principio constitucional de preservar la integridad territorial del país.
También: Confiscación y expropiación a territorios indígenas, violación al principio de democracia participativa, entre otros.
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Dolene Miller, representante kriol de la Comisión Nacional de Demarcación y Titulación (Conadeti), dijo que los magistrados de facto de la CSJ se contradicen en su misma sentencia, porque argumentan que los comunidades indígenas serán consultadas cuando se realice el proyecto.
“Hay una contradicción por el mismo hecho de que la ley debió ser consultada a los pueblos indígenas y dicen que sí se deben consultar, pero hasta que terminen el proyecto”, explicó Miller, asegurando que está ley “nunca” fue consultada a ellos como pueblos indígenas.
Miller manifestó que la CSJ está violando las mismas leyes aprobadas por la Asamblea Nacional, que otorgan derecho y autonomía a los pueblos caribeños.
También dijo que se puede alegar que no se sabía por donde pasaba la ruta, sin embargo, ya se tenía conocimiento de seis propuestas.
Además, Miller destacó que la aprobación de esa ley el pasado mes de junio viola los procedimientos establecidos para cualquier concesión.
En ese sentido manifestó que “no quiere interpretar que esta es una arrogancia del Estado de Nicaragua, una arrogancia que desprecia el derecho ancestral”, dijo Miller.
PUEBLOS SE DEFENDERÁN
Miller afirmó que la acción de la CSJ está ocasionando que los pueblos indígenas busquen como defender sus derechos ante cualquier instancia.
Los gobiernos comunales emitieron ayer un comunicado donde hacen ver que en una sola sentencia de 18 páginas la CSJ resolvió los 31 recursos de inconstitucionalidad que sobre la Ley 840 fueron presentados por diferentes ciudadanos, y sin abordar todos los asuntos planteados por las autoridades indígenas y afrodescendientes, tales como las violaciones al derecho a la participación política en igualdad de condiciones para todos los ciudadanos, principio del Estado de Derecho y de la democracia participativa.
Los pueblos indígenas que interpusieron el recurso fueron los ramas y de las comunidades afrodescendientes kriol, del pueblo indígena miskito de Tasbapaunie y de la comunidad negra, creole indígena de Bluefields.
La Ley 840 otorga la concesión del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua a la empresa HKND Group, precedida y dirigida por el empresario chino Wang Jing.
Este jueves, parte de los recurrentes contra esta ley protestaron contra la sede de la CSJ, con una manta que decía “Ortega vendepatria”.
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