Leonor Álvarez
Vigil consideró que el fallo de la CSJ fue dictado con “alevosía y ventaja”, porque aunque fue dictado el 10 de diciembre, lo notificaron hasta este miércoles, un día antes de que los magistrados salieran de vacaciones.
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Quienes presentaron recursos por inconstitucionalidad contra la Ley de Concesión del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua estaban claros de que esta acción no iba a surtir efectos legales ante los magistrados de facto de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), quienes desestimaron los 31 recursos presentados.
Aún así, los abogados y miembros de organizaciones que introdujeron los recursos, llegaron ayer a protestar a la CSJ por el fallo que más bien argumentó que la Ley del Canal no viola la Constitución Política.
Azahálea Avilés, miembro de la Unión Ciudadana por la Democracia (UCD), explicó que el objetivo con la introducción de esos recursos es documentar jurídica y políticamente “las arbitrariedades, ilegalidades y acciones inconstitucionales del Gobierno”, es decir, dejar un precedente y agotar los cauces legales.
“Nosotros no estamos esperando ratificación de magistrados ilegales, usurpadores de la CSJ, nosotros estamos recurriendo ante la CSJ, una institución constitucional”, explicó Avilés, quien junto a una veintena de personas extendía una manta que decía “Ortega vendepatria”, frente la sede del Poder Judicial.
Hugo Torres, diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), quien también participó de la protesta, manifestó que el fallo de la CSJ “no responde a cada uno de los señalamientos que hicieron”, en alusión a la violación de la soberanía de Nicaragua.
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