El general en retiro Hugo Torres analiza que la designación aparente del jefe del Estado Mayor del Ejército, mayor general Óscar Balladares, a cumplir tareas en la vida civil, en este caso como representante en la Comisión Técnica del Proyecto del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua, como ha trascendido de forma extraoficial, puede tener varias interpretaciones.
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De concretizarse este movimiento, Torres considera que el presidente inconstitucional Daniel Ortega estaría enviando un mensaje a los chinos —quienes se especula están detrás de Wang Ying— de que “miren a quién estoy poniendo en la comisión del gran canal, nada más, ni nada menos, que al jefe del Estado Mayor de la Fuerzas Armadas de Nicaragua”. Pero también puede ser como una forma de garantía a los asiáticos, al colocar en la comisión del megaproyecto a una figura como la de Balladares.
“Ejército no puede cuidar una empresa”
El general en retiro no descarta que Ortega pretenda aplicar en el Gran Canal lo establecido en las reformas al Código Militar en relación con el cuido de las empresas mixtas por parte de militares, lo que dice sería “ilegal”. “Porque un Ejército no puede cuidar una empresa privada como es el Gran Canal, pero como la interpretación la va a hacer Daniel Ortega a través de sus súbditos en la Asamblea Nacional, entonces esa interpretación va a decir, que vale decir que es una empresa mixta, aunque todos sepamos que no lo es”.
En el paquete de reformas a la Ley 181, Código de Organización, Jurisdicción y Previsión Social Militar, introducido el 12 de noviembre en la Asamblea Nacional que se establece entre otros puntos que los militares “protegerán” las instituciones públicas o “de capital mixto”.
En la celebración del Día del Soldado de la Patria, el pasado 27 de noviembre, LA PRENSA consultó al comandante en jefe del Ejército, general Julio César Avilés, sobre si este numeral en las reformas estaba relacionado con la protección a tareas vinculadas con el Gran Canal. La respuesta del alto cargo militar en ese momento fue: “Una vez que sea una realidad (…), esta institución tiene que contribuir a ese proyecto en su seguridad”.
El problema con el Gran Canal es que, por ley, la empresa HKND tendrá mayoría accionaria por los primeros 60 años o sea que, el Ejército prestaría servicio a una empresa privada seis décadas después de construida la obra.
Según Torres, de concretizarse el traslado de Balladares en esta responsabilidad también queda en evidencia el carácter “corporativista” del gobierno de Ortega, no solo por su alianza con el empresariado sino porque el Ejército estaría involucrándose en negocios. “No hay duda de que el Canal es un meganegocio, donde está involucrada la familia Ortega, a eso están arrastrando al Ejército”, refirió el militar en retiro, quien reiteró que un Ejército nacional no puede cumplir misiones para proteger intereses de una empresa particular, ni siquiera bajo contrato, porque para eso no están hechos los cuerpos castrenses.
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