Bogotá/EFE
El Gobierno de Colombia descartó hoy tomar partido sobre la destitución e inhabilitación por 15 años anunciada por la Procuraduría contra el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, y reconoció que respeta tanto la decisión del primero como el derecho del burgomaestre de apelar.
El Gobierno del presidente Juan Manuel Santos informó sobre su postura en un breve comunicado de dos puntos en el que también «lamenta los inconvenientes que esta situación pueda generar en la ciudadanía» y asegura que «seguirá comprometido con el bienestar y tranquilidad de los habitantes de Bogotá».
«El Gobierno Nacional, como ha sido su costumbre y obligación, frente a cualquier decisión de los organismos de control, respeta la decisión de la Procuraduría General de la Nación, así como los recursos que a bien tenga interponer y a los que tiene derecho el señor alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro», anotó.
Asimismo, el Gobierno hizo «un llamado a las autoridades y a todos los ciudadanos a conservar la serenidad», cuando miles de personas se congregan en la céntrica Plaza de Bolívar de Bogotá para protestar contra la decisión disciplinaria de la Procuraduría.
El procurador general, Alejandro Ordóñez, anunció este lunes la destitución e inhabilitación durante 15 años de Petro, de 53 años de edad, por su supuesta mala gestión del servicio de recolección de basuras de la capital colombiana.
El ministro de Justicia de Colombia, Alfonso Gómez Méndez, manifestó hoy que debe revisarse la norma que faculta al titular de la Procuraduría General (Ministerio Público), para destituir a funcionarios que han sido elegidos por voto popular.
El 18 de diciembre de 2012 y durante varios días, Bogotá amaneció repleta de bolsas de basura como consecuencia de un complicado relevo entre un modelo privado de recogida de residuos a uno público, con el que Petro pretendía ahorrar millones en el pago a cuatro grupos privados y reinvertirlos en programas de reciclaje.
