Managua/ACAN-EFE
El exministro de Relaciones Exteriores y actual diputado opositor Eduardo Montealegre demandó hoy al Gobierno del presidente inconstitucional Daniel Ortega reactivar una comisión de excancilleres para implementar una política de Estado en defensa de la soberanía territorial.
Esa solicitud fue hecha por Montealegre, excandidato a la Presidencia, un día después de que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) dictara nuevas medidas cautelares contra Nicaragua por la apertura de dos canales en el cauce del río San Juan, fronterizo con Costa Rica.
Montealegre dijo a periodistas que una de las acciones que debe realizar el gobierno para el manejo de la política territorial, es reactivar «la comisión de excancilleres, la cual ha sido fundamental para implementar una política de Estado en la defensa de la soberanía territorial».
Esa comisión «fue uno de los elementos que hicieron posibles los triunfos en La Haya frente a Honduras y Colombia», remarcó el también coordinador político de la alianza Partido Liberal Independiente (PLI), principal de oposición del país.
La CIJ decidió este viernes imponer nuevas medidas cautelares según las cuales Nicaragua deberá detener cualquier obra de dragado u otras actividades en el territorio en disputa y, en particular, frenar cualquier tipo de trabajo en los dos nuevos canales.
Nicaragua también tendrá que retirar del territorio en disputa a todo su personal, ya sea civil, policial o de seguridad, y evitar que acceda al lugar.
Los jueces acordaron unánimemente que las partes informen a la Corte cada tres meses sobre el cumplimiento de las medidas provisionales.
El Gobierno costarricense solicitó en septiembre pasado nuevas medidas cautelares a la CIJ y denunció que Nicaragua había abierto al menos dos nuevos caños (canales) para unir el río San Juan, de soberanía nicaragüense, con el mar Caribe a través de Isla Portillos o Harbord Head, cuya soberanía ambos países reclaman.
Costa Rica denunció también que Nicaragua mantenía militares en la zona, un humedal de 250 hectáreas.
Montealegre explicó que esa ordenanza de la CIJ «no afectan los derechos de Nicaragua, ni influirán en la decisión de la Corte sobre el fondo del asunto y, además, hasta donde conozco, ya era esperadas por el Gobierno de Nicaragua».
«Nicaragua ya había admitido ante la Corte que se realizaron trabajos en los dos caños sin la autorización del gobierno central y que en cuanto tuvieron conocimiento mandaron a suspender los trabajos y a retirar al personal», alegó.
El gobierno nicaragüense anunció en la víspera que dará «fiel cumplimiento» a las nuevas medidas provisionales ordenadas por el máximo tribunal de las Naciones Unidas.
La Corte también analiza una petición de medidas cautelares presentada por Nicaragua contra Costa Rica por supuestos daños ambientales al río San Juan durante la construcción de un camino de lastre paralelo a ese afluente.
