Gloria Picón Duarte
La Central Sandinista de los Trabajadores (CST), que según su dirigente Roberto González aglutina a unos 200 mil afiliados, fue una de las excluidas en la consulta sobre la reforma parcial a la Constitución Política, sin embargo hará entrega de un documento con algunas recomendaciones que considera deben tomarse en cuenta.
Sin embargo, la diputada Alba Palacios, presidenta de la comisión constitucional, ha manifestado que las recomendaciones que no estén relacionadas con la propuesta de reformas no se tomarán en cuenta.
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González, quien dijo respaldar la propuesta a la reforma parcial promovida por el oficialismo, recomienda que se constitucionalice que los servicios como salud, educación, seguridad social, transporte público, agua, no sean privatizados y que en el caso de que el Estado ceda una concesión, sea el mismo Estado quien mantenga el control, propuesta que coincide con la del Frente Nacional de los Trabajadores que el pasado lunes sí fue consultado.
La CST también recomienda que se constitucionalice el otorgamiento del dos por ciento del Presupuesto General de la República para la formación técnica y profesional de los trabajadores, así como elevar a rango constitucional la participación en condiciones de igualdad de la mujer y no limitarlo solo a cargos de elección popular.
González hizo un llamado para que la consulta sea más amplia. “Vale la pena no cerrar los espacios y los tiempos para diversos sectores, vamos a entregar este documento, no importa si nos convocan o no, pero estoy obligado como líder sindical a presentar una propuesta, esta es una gran oportunidad para Nicaragua y para que en medio de la diversidad y la tolerancia salga una mejor reforma”, dijo.
PLI reitera oposición a reforma
El diputado Eduardo Montealegre destacó ayer durante su ponencia en la condecoración de Carlos Argüello, agente de Nicaragua en La Haya, que la posición de la Alianza Partido Liberal Independiente de no apoyar la reforma constitucional responde a que la reforma “es innecesaria, lesiva para la democracia e inútil para resolver los problemas de la mayoría de los nicaragüenses”.
Montealegre desmintió algunas afirmaciones de oficialistas que han indicado que la posición del PLI va contra los intereses territoriales de Nicaragua, ya que la reforma considera la constitucionalización del fallo de La Haya sobre los límites territoriales.
Montealegre explicó que la inclusión de la sentencia en la Constitución no tiene ninguna incidencia sobre los derechos territoriales de Nicaragua sobre sus espacios marítimos porque estos ya fueron reconocidos por la Corte Internacional de Justicia.
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