Caracas/EFE
“No hagas más nada en estas próximas 72 horas hasta que regularicemos los precios de los productos de autopartes, repuestos, cauchos y baterías”, expresó dirigiéndose a su ministro de Transporte, Haiman El Troudi, frente a un público de trabajadores chavistas del sector del transporte.
Mientras, las calles de las principales ciudades se habitúan a las escenas de colas ante negocios de electrodomésticos, con cientos de personas que tratan de conseguir un televisor, una lavadora o un frigorífico de ocasión, después de que Maduro optara por intervenir con la Guardia Nacional y la Fiscalía los negocios “especuladores”.
Maduro rechazó ayer los “hechos de violencia puntuales que ha habido” y pidió a los venezolanos que no caigan “en la ansiedad consumista” y que acudan a los establecimientos “poco a poco”, ya que los precios de esos productos se mantendrán.
El opositor Henrique Capriles aseguró ayer en su programa semanal por internet que la economía del país “no se soluciona con decretos, con el uso de la fuerza (…)”, y aseguró que “todo de lo mucho que el país importa y lo poco que produce va a un mercado negro creado por los enchufados que tienen contactos o nexos con alguien del Gobierno”.
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La mayoría oficialista de la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó ayer levantar la inmunidad a la diputada opositora María Aranguren, una chavista disidente, señalada de supuestos actos de corrupción. Aranguren será sustituida por su suplente, lo que abre el camino para que el oficialismo logre la mayoría de tres quintos requerida para aprobar la Ley Habilitante que dará poderes especiales solicitados por el presidente Nicolás Maduro sin contar con el control de la AN.
“Aprobado el allanamiento a la inmunidad parlamentaria a la diputada María Mercedes Aranguren”, anunció el presidente del Parlamento, el oficialista Diosdado Cabello, tras pedir a los legisladores votar a favor o en contra de la medida para que “continúe la investigación” a Aranguren “en los distintos niveles del Estado venezolano”.
El diputado chavista Pedro Carreño, presidente de la Comisión de Contraloría, aseguró que la legisladora hizo actos de corrupción entre 2004 y 2010, año en que fue elegida como diputada chavista. Narró que en 2009 en la Gobernación del estado de Monagas, donde Aranguren era directora del Instituto de Vialidad y Transporte, se realizaron contrataciones sin hacer licitación previa.
Otro caso en el que se involucra a Aranguren es la constitución, por parte del entonces gobernador de Monagas, José Gregorio Briceño, de una empresa administradora inmobiliaria que dirigía Aranguren, que habría realizado pagos a compañías internacionales con moneda extranjera de forma irregular. Además, señaló que la empresa fue supuestamente liquidada ocho meses después de su fundación, tras realizar estos y otros supuestos ilícitos.
Aranguren señaló a la bancada oficialista de estar “desesperada” por allanar su inmunidad para obtener, a través de su suplente, al diputado 99 para poder aprobar la Ley Habilitante. Aseguró que las acusaciones en su contra “son falsas” y que todo se trata de “una retaliación política” porque desde febrero de 2012 “no comulga” con las ideas del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) por el que fue electa.
A los diputados chavistas les reclamó: “Es despreciable que ustedes obtengan respeto solamente a punta de miedo, a punta de amenazas”.
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