Lucía Navas
Aunque la Asamblea Nacional aprobó esa concesión a Alvimer, la redujo a 15 años.
Pese a que este proceso fue cuestionado por los diputados de la oposición, e incluso por gremios del sector privado, en la próxima reforma a la Ley de Escáner no se contempla tocar esa concesión.
Gilberto Alcócer, presidente honorario de Conimipyme, dijo que en las negociaciones de ese gremio con Gobierno y legisladores sandinistas, el tema de la empresa a la que se le entregó los derechos de brindar el servicio de escáner, no se aborda.
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A más tardar a finales de noviembre el sector privado espera tener acordada con el Gobierno la propuesta de reforma a la Ley de Concesión a los Servicios de Inspección no Intrusiva en los puestos de control de fronteras para la seguridad nacional en las Aduanas, o Ley de Escáner, para enviarla a la Asamblea Nacional para su aprobación.
El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri, apuesta a lograr que los diputados aprueben la reforma a la Ley de Escáner antes del 15 de diciembre, fecha en que finaliza el trabajo legislativo del año.
Para ello, explicó, la semana pasada los equipos del Gobierno y del Cosep avanzaron en temas esenciales como el cobro especial que se creó para el transporte de carga centroamericano.
Aguerri se limitó a decir que hay “una posición de convergencia alrededor” del transporte, sin precisar si se mantendrá el cobro o será eliminado.
El artículo siete de la Ley de Escáner establece una Tasa de Seguridad Aduanera (TSA) de 15 dólares para los vehículos que entren al territorio nicaragüense en condición de tránsito internacional, el transporte colectivo de pasajeros y bajo el régimen de zona franca una vez pasen por el sistema de escáner por las aduanas.
El gremio de transporte ha reclamado que ese impuesto creado por Nicaragua violenta las normas de comercio internacional.
IMPUESTO GENERAL
Donde aún no terminan de entenderse el Cosep y el Gobierno es sobre el valor de la tasa fija por contenedor, que reemplazará al impuesto de 0.26 por ciento sobre el valor total de la mercancía, exportado o importado a través de las fronteras de Nicaragua.
“Ya lo único que nos hace falta es determinar el valor que se va a establecer”, mencionó Aguerri.
También se pretende que esa tasa fija sea diferenciada entre las grandes y las pequeñas y medianas empresas (pymes) exportadoras.
Se maneja que la TSA sería de 18 dólares por contenedor.
Gilberto Alcócer, presidente honorario del Consejo Nicaragüense de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Conimipyme), considera ese valor razonable; dice que puede ser costeado por las empresas. “Aunque nosotros apuntamos a que sea de 15 dólares lo que las pymes pueden asumir en sus costos de exportación”, agregó.
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