Martha Vásquez
La discrecionalidad con que la Procuraduría General de la República (PGR) reparte o asigna propiedades provenientes del narcotráfico y la falta de transparencia en este proceso, se terminaría con la creación de la Unidad Administradora de Bienes incautados o decomisados al narcotráfico contemplada en la Ley 735 o Ley Contra el narcotráfico, aseguraron abogados penalistas.
El artículo 44 de la Ley 735 es claro en decir que los objetivos de esta Unidad son administrar, invertir y subastar bienes producto del crimen organizado para provecho de la ciudadanía en general, ya que el producto de lo subastado se sumaría al Presupuesto General de la República explicó el abogado penalista Álvaro Chica Larios.
“La Ley no dice que serán asignados a funcionarios en su carácter personal”, agregó Chica Larios.
Sin embargo, en la práctica se ha visto que los autos lujosos y las mansiones decomisadas quedan en manos de los funcionarios y sus allegados para su goce y disfrute personal, muchas veces cuando ni siquiera hay sentencia firme, lo cual es ilegal,” dijo el abogado.
También está el caso del robo de armas en el taller Maynard donde uno de los procesados señaló que hay comisionados que sacan las armas de Plaza El Sol y las llevan supuestamente a reparar, pero es para traficarlas.
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“Los familiares de los procesados dicen que el fallo de culpabilidad está relacionado con las propiedades que les quieren expropiar”, dice Chica.
PGR DEBE EXPLICAR
Para la abogada penalista María Esperanza Peña lo ideal y legal es que las instituciones involucradas rindan cuentas de estos bienes e informen del destino de los mismos.
“´Por sanidad debe existir control de la distribución de estos bienes y esperar sentencia firme, porque muchas veces se adelantan a los acontecimientos”, agregó la abogada.
Según el abogado Chica Larios, desde el momento en que las casas y fincas son decomisadas a favor del Estado, ya son parte del erario y deben ser auditadas.
“Es patrimonio estatal y la Contraloría General de la República debería de preguntarle a la PGR qué hace con ellos”, dijo el abogado.
En abril pasado el contralor de facto Guillermo Argüello Poessy dijo que no tienen presupuesto para hacer esa auditoria especial, pero que la PGR debe rendir cuentas.
PGR NO ENTREGA PROPIEDADES A DUEÑOS
Jamileth Oviedo, familiar de Frank Oviedo condenado por narcotráfico, denunció que hace 15 días el procurador Hernán Estrada le dijo que —ya no podía hacer nada por sus propiedades porque ya eran parte del Estado— a pesar de que hace más un año la Corte Suprema de Justicia ordenó la entrega de tres fincas ubicadas en Chontales y Granada, porque nada tenían que ver con los hechos acusados, pues provenían de herencia familiar.
“Vivo debajo de un árbol, aguantando hambre con mis hijos, mientras Telémaco Talavera de la UNA tiene ocupada mi casita y se han comido todos mis animales y cosecha”, dijo Oviedo.
Para el abogado Fabrith Gómez las instituciones deben ser cuidadosas porque al ocupar y decomisar una propiedad muchas veces están violando derechos constitucionales de terceros de buena fe que nada tienen que ver con los hechos acusados.
“El derecho a la propiedad privada es un derecho constitucional y las propiedades deben tocarse hasta que haya cosa juzgada, es decir que ya no haya recurso alguno, para evitar violaciones”, aseguró.
Sin embargo, la PGR procede a la inscripción a favor del Estado sin que la sentencia esté firme.
Un ejemplo reciente de esto fue cuando el procurador Francisco Mairena solicitó a la juez Mariana Gómez, titular del juzgado Quinto de Juicio, que ordenara la inscripción de cuatro fincas a favor del Estado de Nicaragua, por supuestamente pertenecer al procesado Gerardo Lazo Serrano, quien fue condenado a 13 años de cárcel por transporte de droga en el 2010. La juez lo rechazó porque el caso aún está en apelación.
Para el abogado Gómez, lo que hay es falta de voluntad de aplicar la ley de parte de los funcionarios, porque esta es clara y no deja ninguna duda. “Parece que no leemos el mismo código ni leyes”, agregó.
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