Tania Sirias
Comentó que ellos denunciaron sobre la pretensión de incluir —además de militares— a policías activos como ministros, directores, embajadores, jueces y magistrados.
“Nosotros solicitamos que fueran consultados los generales retirados Humberto Ortega y Henry Ruiz, pero fueron vetados. Desde ya ven un retroceso en la democracia”.
Carlos Tünnermann dijo que esto es “un retroceso a la institucionalidad y profesionalismo” de estas instituciones, porque se militariza el Estado. “Además, se establece una mayor vinculación entre el Ejército y un proyecto político-partidario de Ortega”, dijo el jurista.
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Organismos de la sociedad civil afirmaron que respetan la decisión de la Bancada Democrática Nicaragüense (BDN) de integrar la Comisión Especial de reformas constitucionales; sin embargo, mostraron su total rechazo a dichas reformas, pues consideran que están hechas para concentrar más poder en el Ejecutivo.
El jurista Carlos Tünnermann Bernheim, miembro del Movimiento por Nicaragua, opinó que el PLI, al integrar la comisión, no está legitimando el proyecto del presidente inconstitucional Daniel Ortega. No obstante, dijo que tiene “sus reservas” sobre la utilidad de hacerlo.
“Hasta el momento ha estado funcionando, pues han estado informando sobre la oposición de la presencia de algunos especialistas en derecho constitucional, de cómo objetaron la presencia del general en retiro Humberto Ortega para consultar el tema de incorporar a los militares en cargos públicos. En todo caso es una decisión política, la respeto, pero no la comparto”, manifestó el jurista.
Luisa Molina, enlace de la Coordinadora Civil, comentó que “los partidos tienen el derecho de tomar sus propias decisiones”. Agregó que la posición como sociedad civil es de ser críticos a estas reformas a la Constitución, ya que retroceden al país como República.
PROCESO ES ILEGÍTIMO
Tünnermann indicó que todo el proceso es ilegítimo, ya que quien elaboró la propuesta de reformas es el presidente inconstitucional, quien llegó al poder a través de un fraude electoral y con una sentencia espuria de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
“En el pasado, los presidentes que se han reelecto han reformado la Constitución o han realizado una constituyente para evitar el voto popular”, recordó el miembro del Movimiento por Nicaragua.
Molina señaló que estas reformas tienen como único objetivo el “legalizar” los actos corrupción que se han venido dando en el gobierno de Ortega.
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