Bogotá/EFE
El ministro de Defensa de Colombia, Juan Carlos Pinzón, anunció un refuerzo de la seguridad en el archipiélago de San Andrés y Providencia, uno de los principales destinos turísticos del país, ante el incremento de la violencia en esa región caribeña, informó hoy su despacho.
Pinzón dijo que en los próximos días llegarán a San Andrés seis lanchas patrulleras para la unidad de guardacostas que reforzarán la seguridad marítima y la lucha contra el narcotráfico, y que al finalizar el año ese archipiélago contará con 11 nuevas patrulleras de guardacostas.
«Esto es muy importante porque permite patrullar el perímetro de la isla, permite hacer incautación de narcotráfico y permite atender los llamados de la ciudadanía, o de los pescadores cuando requieran su seguridad, fortaleciendo por supuesto la soberanía», afirmó el ministro, según un comunicado de su despacho.
Pinzón visitó San Andrés en la tarde del sábado para analizar con las autoridades locales la situación de seguridad en el archipiélago, donde en octubre se registraron siete homicidios, una cifra elevada para esa región, una de las más tranquilas del país.
Informó además que próximamente la Armada Nacional instalará un moderno sistema de control marítimo, con el que, por medio de radares, se realizará la vigilancia del territorio colombiano.
Pinzón dijo también que la Armada y la Policía Nacional instalarán puestos de control en las vías y harán patrullajes conjuntos con el propósito de reforzar la seguridad ciudadana en los barrios de la isla de San Andrés.
De la misma forma, la Policía intensificará los controles en la zona del aeropuerto y del muelle, con el propósito de frenar las acciones de grupos al margen de la ley que pretenden usar la isla como punto de escala para el narcotráfico entre Colombia, Centroamérica y Estados Unidos.
La semana pasada, el Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, hizo un llamamiento a las autoridades para que adopten medidas de protección a los pobladores de San Andrés ante el incremento de muertes violentas por parte de grupos armados ilegales.
Según la Defensoría, bandas criminales surgidas de la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) «han visto en el archipiélago una región atractiva para el tráfico de estupefacientes y de armamento».
