Lucydalia Baca y Wendy Álvarez
Un nuevo escollo en la relación entre la empresa privada y el Gobierno quedaría superado esta tarde con la discusión y posible firma del dictamen de la Ley de Cámaras, cuyo borrador final subsana los temores que despertó en el sector privado la propuesta original presentada a inicios de junio por el ejecutivo.
El borrador final del dictamen, de la Ley General de Cámaras, Federaciones y Confederaciones Gremiales Empresariales de Nicaragua, será presentado hoy a los diputados de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto de la Asamblea, para su discusión y posterior firma.
Tal como el sector privado lo demandó, el documento define a estas organizaciones como sin fines de lucro. Establece un plazo de 90 días al Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (Mific), —que a partir de la entrada en vigencia de la ley regirá al sector—, para que otorgue la personalidad jurídica a los solicitantes, y elimine la figura de oficial mayor, con la que el Gobierno pretendía restringir a dos años el período de las jefaturas de las organizaciones, poniendo fin con ello a las reelecciones continuas.
CONFIRMA ALIANZA
La iniciativa de dictamen contiene 47 artículos distribuidos en siete capítulos. En su artículo 37 establece que en base al “modelo de consenso y responsabilidad compartida”, todas las instituciones del Estado a nivel nacional, departamental, regional o municipal, según corresponda, establecerán una instancia permanente de diálogo con el sector privado del que surgirán soluciones concretas. Y crea a nivel nacional una comisión bipartita del Gobierno y el sector privado, denominada “Comisión de Seguimiento” cuya integración y funcionamiento será determinado por el presidente de la República.
Mientras que el artículo 30 establece que las organizaciones tienen prohibido realizar actividades que no se correspondan con los fines para los cuales fueron constituidas, realizar o participar en actividades de proselitismo político partidarias o religiosas, desarrollar acciones anticompetitivas y afectar los derechos de las personas consumidoras y usuarias, entre otras situaciones.
Incurrir en estas prohibiciones será motivo de sanción, que de no pagarse será duplicada. Negarse a pagar causará la suspensión de la personería jurídica, mientras que la reincidencia puede ser causa de cancelación de esta.
El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri, informó ayer que asistirán a la reunión prevista para las 3:00 p.m. para presentar a los diputados de la Comisión Económica los últimos planteamiento del sector sobre la propuesta de Ley de Cámaras. También espera que esté aprobada antes de que finalice el año.
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