El empleado público en tiempos de Ortega

Léster Ramírez era en el 2008 un empleado de la Dirección General de Ingresos (DGI) de Granada, que un día se negó a participar en una actividad del FSLN. Un mes después de ello estaba despedido.

Ramírez lo recuerda bien. Era un miércoles 30 de abril y por la noche el presidente Daniel Ortega brindaría un discurso por la celebración del Día de los Trabajadores, el primero de mayo. Pero Ramírez estaba lleno de trabajo y debía terminar un informe ese mismo día, por lo cual tomó la decisión de no ir al acto de Ortega y así cumplir con su faena de trabajo. Ese fue su “pecado” para que lo despidieran el 10 de junio siguiente.

Desde antes de ese 30 de abril, Ramírez venía observando que en la DGI de Granada importaban más los asuntos del partido gobernante FSLN que la propia función pública. “Aunque se viniera la debacle, primero estaba la parte política partidaria que el buen funcionamiento de la institución”, recuerda Ramírez.

Una experiencia similar le correspondió vivir a Mario Obando, un extrabajador del Ministerio del Trabajo (Mitrab), quien fue despedido por negarse a “rotondear” y no ponerse la camiseta del partido FSLN. “Me cancelaron mi contrato por no participar en las actividades, por no compartir ideas partidarias”, se queja Obando.

Tanto Obando como Ramírez han tratado de encontrar justicia en sus casos, pero el orteguismo domina todas las esferas del poder judicial, se quejaron los afectados.

“La gente no está de acuerdo, pero tiene miedo”

Ser empleado público es, en la mayoría de los casos, sinónimo de ganar poco. Y desde el año 2007, cuando el FSLN subió al poder nuevamente, es sinónimo también de laborar bajo presiones partidarias, explicó Álvaro Leiva, un defensor de los derechos laborales de los empleados del Estado.

El Gobierno le da empleo a más del siete por ciento de todas las personas que tienen un empleo formal. En el 2008 —según datos del INSS—, había 122,159 trabajadores dentro del sector público, pero en 2013 el Gobierno central informó la entrega del “bono solidario” a 170 mil empleados públicos que ganan menos de 5,500 córdobas.

En el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) han constatado que a los empleados del Estado el FSLN los obliga a participar en actividades partidarias. La gente no está de acuerdo con esas presiones, pero no denuncia por temor, primero a que los despidan y también a las represalias.

“Es muy difícil que la gente denuncie (las presiones partidarias). Ha habido alguna que otra denuncia pero la gente pide que por favor no demos sus nombres porque pueden perder el trabajo. Ortega somete con la estrategia del miedo, por eso no actúan, no es que la gente esté de acuerdo”, expresa Vilma Núñez, presidenta del Cenidh.

LA PRENSA pudo constatar ese temor en un recorrido que realizó por diferentes instituciones del Estado, consultando con los empleados públicos si eran obligados a participar en actividades partidarias. La mayoría no quiso hablar, unos cuantos negaron las presiones y otros confirmaron que secretarios políticos del FSLN, que actúan como dirigentes de los Consejos de Liderazgo Sandinista (CLS), son quienes se encargan de levantar una lista de los empleados de cada institución del Estado que asistirán a los eventos del partido rojinegro.

“Mirá, mentiroso sería si te dijera que a mí me obligan. Pero ¿qué más querés que hay alguien levantando una lista de quién va y quién no va?”, dice un trabajador del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) que está frente al cementerio de San Pedro.

“No hombré, eso es mentira. El que quiere ir va y el que no quiere no va. Yo nunca he ido y nunca me han dicho nada. Es cierto que andan levantando una lista, ahí, los secretarios políticos, pero me imagino que es para el refrigerio”, dice otro empleado público del Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI).

“¿Y vos para qué me preguntás eso? ¿Qué querés? ¿Qué me corran? Andá preguntale a la Echegoyen, que esa es la que sabe”, dice otro trabajador del INSS que está por Migración y Extranjería. Según él, la Echegoyen es la secretaria política en esa institución del Estado y la encargada de organizar a los trabajadores para que participen en las actividades del FSLN.

En uno de los hospitales de Managua, una enfermera joven señala que sí es obligado participar en las actividades del FSLN, pero para quienes son militantes del partido. “Yo no soy de ese partido, antes tenía una jefa que sí me obligaba, pero la que tengo ahora no me obliga”, dice la joven.

Otros empleados del Estado se refirieron a las jornadas de limpieza del “Vivir Bonito” que impuso hace pocos meses la primera Dama Rosario Murillo.

“No es una situación fácil para los trabajadores”

Con la economía frágil del país y en un sistema donde las personas no consiguen empleo por sus capacidades profesionales sino por sus contactos políticos o de otra índole, la situación para el asalariado nicaragüense no es fácil, considera Luisa Molina, miembro de la Coordinadora Civil.

Molina explica que la política e ideología del Gobierno de Daniel Ortega tiene la tendencia a controlar y “en este tipo de sistema políticos no es tan fácil para los trabajadores, una buena parte se dejan subordinar a la voluntad del partido”.

Un ejemplo que Molina pone, de lo controlador que quiere ser el Gobierno con los empleados públicos, es la meta que en el año 2007 el FSLN se impuso de “carnetizar” a un millón de personas, para celebrar el trigésimo aniversario de la revolución.

“Estos métodos no son correctos en un Estado de Derecho. Eso quiere decir que alguien que no es danielista no va a trabajar”, lamenta Molina.

La activista pro Derechos Humanos, Vilma Núñez, añade que obligar a los trabajadores estatales a participar en actividades de un partido político es una violación a los derechos a la libertad de conciencia y política.

En ese sentido una mujer comentó la experiencia que vivió con su esposo, quien es trabajador del Estado. Después de salir del trabajo, su marido siempre llega a las 6:00 de la tarde a la casa, pero en una ocasión eran las 9:00 de la noche y no se aparecía, por lo cual procedió a llamarlo y se sorprendió porque nunca lo había escuchado tan cabizbajo.

Ese día, al llegar a su trabajo, sus superiores lo montaron en un bus para que fuera a una actividad del FSLN y estando en el lugar de la concentración lo obligaron a que agitara la bandera del partido. El hombre nunca se había sentido tan mal y así se lo comentó a su esposa, justificándose que lo hizo porque no quería perder el empleo.

Desde el 2007 los empleados del Estado viven en esa situación, no vaya a ser que les pase lo mismo de Léster Ramírez y Mario Obando, quienes fueron despedidos por negarse a participar en actividades partidarias.

Ver en la versión impresa las páginas: 6 A