Elízabeth Romero/ Martha Vásquez
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Extraoficialmente se conoció que hay vicegerentes de bancos citados para entrevistas en la Fiscalía. Sobre la declaración de Hugo Paguaga, de que es víctima de Álvaro Montealegre, Guido dijo que aún no denuncia.
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Yasmina del Socorro Hurtado Abarca es una de los 73 extrabajadores de Inversiones Almori y Almori BPO Services que el viernes hicieron efectivas sus demandas laborales en contra del representante de las mismas, Álvaro Montealegre.
Hurtado reclama a Inversiones Almori una indemnización de 46,682 córdobas, dijo el abogado Carlos Suárez, representante de los empleados.
Suárez manifestó que, aunque están a la espera de la audiencia en el Juzgado Tercero de Distrito Laboral, donde fue radicada la demanda, hay anuencia de negociar con el principal representante de Almori.
“Una de las precauciones que han tomado los reclamantes es que si llegan a un acuerdo con Montealegre, que el pago les sea entregado en efectivo, para evitar que les paguen con cheques sin fondos”, expresó el representante legal de los empleados, quien aclaró que no hay nada en concreto.
El abogado dijo que únicamente están a la espera de que la judicial les cite a la audiencia.
Añadió que ha conocido versiones extraoficiales que indican que, aparentemente, Montealegre estaría intentando algún tipo de negociación con el gobierno.
Mientras, sobre las investigaciones en la Fiscalía con relación a la sociedad registrada en Panamá Internacional Investments and Financial Services, Inc., la Fiscal Adjunta, Ana Julia Guido, refirió que “de los seis millones que calculamos, llevamos casi tres millones, y de las 30 víctimas, han llegado diez. Creemos que algunas víctimas no han llegado por pena o porque creen que el documento que poseen tiene alguna validez legal y tienen esperanza que, venciendo el plazo, les vayan a pagar”, agregó Guido.
La funcionaria indicó que aún falta la valoración jurídica de la ampliación de entrevistas que realizó a los indagados —Montealegre, Roberto Bendaña y Hugo Paguaga— y las nuevas pruebas presentadas por al menos diez víctimas para determinar si introducen nueva acusación.
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