Bogotá/EFE
La canciller colombiana, María Ángela Holguín, postergó para el próximo lunes su viaje al archipiélago de San Andrés y Providencia, informó hoy el Ministerio de Relaciones Exteriores.
En su visita a San Andrés, en el caribe colombiano, la ministra Holguín le explicará a las autoridades locales y a la comunidad los alcances de la estrategia del Gobierno frente al fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya.
Además, Holguín viajará para hacer seguimiento a los avances del Plan Fronteras Para la Prosperidad (PFP), de la Cancillería, el cual tiene en este departamento nueve proyectos en ejecución y tres más por ejecutar.
Inicialmente, Holguín tenía pensado viajar hoy a San Andrés, en compañía de varios parlamentarios, pero estos aplazaron su visita a la isla.
La sentencia de la CIJ le otorgó a Nicaragua los derechos económicos sobre 75,000 kilómetros cuadrados en el mar Caribe, al tiempo que confirmó la soberanía de Colombia sobre siete cayos, dos de ellos enclavados, que hacen parte del archipiélago de San Andrés.
El lunes pasado, el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, presentó una «estrategia integral» de cuatro pasos que parte de la determinación de que el fallo sobre los límites es «inaplicable» si no los establece un Tratado y decreta una Zona Contigua Integral entre el archipiélago y la costa continental colombiana.
El Gobierno también prevé recurrir «a todos los medios jurídicos y diplomáticos para reafirmar la protección de la Reserva de la Biosfera Seaflower» y liderar una campaña ante los organismos internacionales para frenar los «ánimos expansionistas» de Nicaragua en el Caribe que, dijo, afecta también a Panamá, Costa Rica y Jamaica.
Hoy, Santos presentó ante la Corte Constitucional una demanda contra el Pacto de Bogotá para que ese tribunal se pronuncie sobre la tesis de que el fallo de La Haya sobre límites con Nicaragua no se ajusta a la Carta Magna.
Al decir del mandatario, «hay dos artículos de ese tratado (Pacto de Bogotá) que violan claramente una disposición de nuestra Constitución porque dicen que el país tiene que cambiar los límites, las fronteras, automáticamente en virtud de algún fallo de la Corte Internacional».
El Pacto de Bogotá, firmado en 1948, reconoce la jurisdicción de la CIJ y fue aprobado por Colombia mediante la Ley 37 de 1962, según la Presidencia.
El Gobierno lo ha cuestionado en los últimos meses a raíz del fallo del 19 de noviembre de 2012 por el que ese tribunal internacional redefinió los límites marítimos de Colombia con Nicaragua.
