Managua/ACAN-EFE
Juristas desestimaron hoy que la demanda del presidente colombiano, Juan Manuel Santos, contra el Pacto de Bogotá ante la Justicia de su país tenga algún efecto sobre el fallo de la CIJ que redefinió los límites entre Colombia y Nicaragua, y recomendaron a Bogotá modificar su Carta Magna para aplicar esa resolución.
Santos pidió este jueves a la Corte Constitucional de Colombia que se pronuncie sobre la tesis de que el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya sobre límites con Nicaragua no se ajusta a la Constitución.
«Es una acción que nace muerta. La Convención de Viena sobre el derecho internacional es clara en que no se puede alegar una norma de carácter interno para violentar el cumplimiento de una resolución internacional», dijo este jueves a Acan-Efe el jurista internacional y rector de la Universidad American College, Mauricio Herdocia.
Santos considera que el Pacto de Bogotá, firmado 1948, atenta contra la Constitución colombiana porque reconoce la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que en noviembre pasado resolvió una controversia bilateral otorgando a Nicaragua una porción del mar Caribe bajo soberanía de Colombia desde 1928.
«Hay dos artículos de ese tratado (Pacto de Bogotá) que violan claramente una disposición de nuestra Constitución porque dicen que el país tiene que cambiar los limites, las fronteras, automáticamente en virtud de algún fallo de la Corte Internacional», dijo Santos este jueves.
Para Herdocia «no tiene lógica que Colombia se coloque al margen del derecho internacional, porque el fallo de la CIJ es cosa juzgada».
«Además, este juicio fue muy largo, en 11 años ambos países tuvieron todo el tiempo del mundo para presentar sus alegatos», añadió.
El único camino que le queda a Colombia es modificar su Constitución para cumplir con el derecho internacional, a juicio del especialista en el tema Norman Miranda.
«Si algo debería hacer la Corte Constitucional es lo que hizo Nigeria respecto a la península de Bakassi que perdió con Camerún. Se resistió por años hasta que al final modificó su Constitución, ajustó su derecho interno al derecho internacional», dijo.
Miranda mencionó que la acción de Santos podría no ser bien vista a nivel internacional, con el argumento de que un país que se pronuncia «en contra de una sentencia de la Corte Internacional de Justicia amenaza la paz y la seguridad».
«Si todos los países actuaran con Colombia, no existiría el derecho internacional, bastara con que un Estado se pronuncie para que todo quedara establecido, pero ya sabemos que eso no funciona», sostuvo el experto.
En noviembre pasado, la CIJ, con sede en La Haya (Holanda) definió los límites en el Caribe entre ambos países y dejó en manos de Colombia siete cayos del archipiélago de San Andrés, cuyas islas mayores ya se habían concedido a esta nación en 2007.
También otorgó a Nicaragua una franja marina en esa zona que Colombia calcula en unos 75.000 kilómetros cuadrados y Nicaragua en más de 90,000 kilómetros cuadrados.
