Ramón Potosme, Tania Sirias y Agencias
Los gobiernos de Colombia, Costa Rica y Panamá han anunciado que firmarán una carta conjunta que entregarán al secretario general de la Organización de las Naciones, Unidas Ban Ki-moon, en la que protestarán por lo que consideran el “expansionismo” de Nicaragua.
El presidente inconstitucional Daniel Ortega negó las acusaciones hechas por estos tres gobiernos y argumentó que Nicaragua jamás ha tomado un territorio por el uso de las armas, al contrario, han sido otros países quienes lo han hecho, tal es el caso del vecino país del sur, con Guanacaste y Nicoya.
Ortega afirmó que “debe privar el derecho, ya que imponerse a través de las fuerzas de las armas “sería regresar a la época de las cavernas”.
Además insistió en un “diálogo o tratado” con el presidente colombiano, siempre y cuando sea “para poner en práctica armoniosa la sentencia de La Haya”.
“Lo que queremos hacer es seguir dialogando, a pesar de que otros países nos califican de expansionistas, cuando han sido otros quienes nos han robado territorio”, expresó durante la conmemoración del 40 aniversario del golpe de Estado al expresidente chileno, Salvador Allende.
ORTEGA: GUANACASTE Y NICOYA CON RAÍCES NICA
Ortega indicó que aunque la población de Guanacaste y Nicoya no se sientan nicaragüenses, “tiene sus raíces en Nicaragua”. Luego acusó a Costa Rica de “adueñarse” de ese territorio a la fuerza, a través del Tratado Cañas-Jerez, suscrito el 15 de abril de 1858.
Asimismo indicó que incluso hubo una misión encabezada por el experto en Derecho Internacional, Mauricio Herdocia, para fijar límites con Jamaica.
“Nicaragua tiene relaciones con Jamaica y sería importante que se den esas pláticas bilaterales y no que se estén tomando medidas junto con Colombia y Costa Rica en ausencia de las pláticas bilaterales normales entre países vecinos y amigos”, indicó Caldera.
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Comentó que este tratado fue impuesto porque Costa Rica tenía la mejor fuerza militar de la región centroamericana, pero además nuestro país se encontraba en una guerra civil entre liberales y conservadores.
El presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, aseguró que su gobierno hará frente, solo o con otros países de la región, a las pretensiones territoriales de Nicaragua.
Martinelli considera que Nicaragua pretende “coger los mares territoriales panameños”.
El canciller costarricense Enrique Castillo desvinculó el martes el tema de la carta conjunta contra Nicaragua de la posición de Bogotá frente al fallo de La Haya, cuya “jurisdicción y competencia” San José “reconoce”.
“Son dos cosas que hay que desligar. Una cosa es la posición de Colombia ante el fallo de la Corte y otra la posición de otros países que tenemos en común ser amenazados por actitudes expansionistas de Nicaragua”, dijo Castillo.
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, anunció la carta y cuatro pasos de la estrategia con la cual según ellos defenderán su soberanía y declaran inaplicable el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya.
La sentencia del 21 de noviembre otorgó a Colombia la soberanía de las islas San Andrés, Providencia y Santa Catalina y de todos los cayos en disputa, pero devolvió a Nicaragua el mar territorial dentro de las 200 millas que establece el Derecho Internacional, un área de aproximadamente 90,000 kilómetros cuadrados.
CARTA A LA ONU SIN EFECTO JURÍDICO, DICEN EXPERTOS
Mientras, analistas de Centroamérica consultados por la agencia de noticias Acan-Efe indicaron que la carta que impulsa Colombia y sus aliados es un recurso político sin efecto jurídico.
El internacionalista y catedrático panameño Julio Yao precisó que “un fallo de la Corte no se puede afectar sino por la Corte misma”, por lo que “cualquier otra acción por fuera”, como la entrega de la carta, “es a título de denuncia y nada más”.
Para el politólogo costarricense Claudio Alpízar, las disputas fronterizas entre Nicaragua y sus vecinos solo dejan al descubierto una debilidad existente en Latinoamérica desde la época de la colonia en cuanto a la definición de los límites entre los países.
Alpízar señaló que “en las últimas décadas se ha vuelto muy importante tener más espacio marítimo por diversos intereses”, por lo que las controversias actuales “son reacciones nuevas de viejas rencillas”. También negó que se pueda calificar a Nicaragua de país “expansionista”, pues “no es una potencia económica, militar ni política”.
El agente de Nicaragua en La Haya, Carlos Argüello, consideró que el gobierno de Colombia está tomando medidas de fuerza y no de derecho y que ello lo hace porque sabe que Nicaragua es un país pequeño.
“Esto no tiene ninguna base jurídica, es simplemente una amenaza y un chantaje para Nicaragua. Ellos (el gobierno colombiano) están haciendo saber que por la fuerza van a imponer esta zona y por la fuerza van a capturar, registrar y hacer lo que quieran con los barcos de Nicaragua y esto es una medida de fuerza, que obviamente el gobierno de Nicaragua estará estudiando y el presidente Ortega estará estudiando qué es lo que se puede hacer”, explicó Argüello.
El excanciller de Nicaragua, Norman Caldera, indicó que es correcto que se promueva un tratado con Colombia si es en el marco de lo dictado por la CIJ, es decir, en pos de la ejecución del fallo y no para hacer variaciones a lo dictado por el máximo tribunal.
Caldera considera que el presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, se ha dejado influenciar por las declaraciones colombianas, por lo que le recomendó tener conversaciones con las autoridades nicaragüenses.
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