Wendy Álvarez Hidalgo
La Ley de Concertación Tributaria (LCT), que entró en vigencia en enero pasado, permitirá al ejecutivo recaudar 1,318 millones de córdobas en los próximos cinco años, aún así el gasto en reducción de pobreza se estancará en ese mismo período, según revela el Plan Económico y Financiero 2013-2016 que divulgó la semana pasada el Gobierno.
De esta manera, las recaudaciones de impuestos en córdobas a finales de 2016 se habrán duplicado en la última década, al pasar de 31,824 millones a 61,572 millones.
- 0.2 % del Producto Interno Bruto (PIB) será el impacto recaudatorio que tendrá la nueva Ley de Concertación Tributaria en los próximos cuatros años de vigencia, según el Gobierno.
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La meta recaudatoria proyectada por el Gobierno para este quinquenio será aportada principalmente por renta de actividades económicas y se espera que los impuestos aportados vía renta del trabajo mermen gradualmente, refleja el documento disponible en la página electrónica del Banco Central de Nicaragua (BCN).
En su programa económico, el ejecutivo insiste en que las exoneraciones fiscales se empezarán a reducir gradualmente a partir de 2016 para aquellos contribuyentes “que no desarrollen actividades orientadas a elevar la productividad, exportaciones, empleo o incorporen nuevas tecnologías a los procesos productivos”.
El ejecutivo también se propone a fortalecer la capacidad recaudatoria de la Dirección General de Ingresos (DGI) y la Dirección General de Asuntos Aduaneros (DGA). “Tanto en la LCT como en el Reglamento se han identificado alrededor de cincuenta acciones que inciden positiva o negativamente en la recaudación, algunas desde el primer año de vigencia y otras diferidas en el tiempo”, apunta.
ESTANCAMIENTO
Pese a que el Gobierno estima un fuerte incremento en los ingresos fiscales, el gasto en reducción de pobreza se mantendrá intacto en este quinquenio.
Actualmente el ejecutivo junto a la empresa privada analizan una nueva reforma a la Ley de Concertación Tributaria, medida que es cuestionada por diversos sectores de la sociedad social que demandan al ejecutivo un informe sobre el rendimiento de dicha ley en los primeros meses en vigencia.
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