Amalia Morales y Martha Vásquez
I parte
En la audiencia pública ante un juez local penal, en los juzgados de Ciudad Sandino, Javier Pichardo no dice ni una palabra. Oye que se habla de él en términos legales. Pichardo, lee uno de los abogados, “ha incumplido los deberes alimenticios” con el hijo de 7 años que procreó con Johanna Guadamuz, quien no está presente en la Sala. A Pichardo no lo demanda Guadamuz, sino Ana Cárdenas, la abuela materna del niño. Los documentos que leen, tanto el defensor público como la funcionaria del Ministerio Público, describen que Pichardo no ha pagado, desde mayo pasado, los 200 córdobas semanales que se comprometió a entregar a Cárdenas para la manutención del niño.
En total, le reclaman 1,800 córdobas. Si no paga, irá preso. El Código Penal establece de seis meses a dos años por ese delito, y es uno más de los delitos tipificados en la Ley Integral Contra la Violencia Hacia la Mujer 779.
Pichardo, quien va acompañado por dos mujeres, una de ellas su madre, sigue callado. Mira de vez en cuando hacia la mujer de negro, su mamá.
Ana Cárdenas, la abuela, que está al lado de la representante de la Fiscalía, también. No dice nada. Después de la audiencia, donde el juez se resuelve abrir juicio por incumplimiento, Cárdenas, de 58 años, dice que ella tiene demandado a Pichardo y a dos más: al papá de otro de sus nietos, y a su propia hija que se fue y le dejó sus cuatro hijos. Cada uno de un papá distinto.
En los juzgados de Ciudad Sandino son comunes las audiencias ante los jueces por incumplimiento en el pago de pensiones.
Pastora explica que cuando no se puede hacer nada pasan a la Fiscalía, sin embargo, en la mayoría de los casos, que en este año ya rondan los dos mil, intentan que el impago no quede impune. Este año, la Defensoría ha recibido más casos que en años anteriores. Jueces y fiscales consultados consideran que la aplicación de la Ley 779 está creando conciencia en las mujeres y animándolas a demandar.
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El juez local Jorge Miranda Duarte dice que ha habido días en que se han celebrado hasta 12 audiencias por el mismo asunto.
Karen López, juez de Distrito Penal de Audiencia, especializada en violencia, recibió la semana pasada dos casos diario por incumplimiento.
Y se atreve a decir, sacando cuentas de los casos que ha recibido en el año, que el sesenta por ciento de las causas y juicios que celebran tienen que ver con el impago de pensiones. Ese tema, que se considera una forma de violencia hacia la mujer, es el delito más recurrente. Y en segundo lugar, está la violencia psicológica contra las mujeres.
SIN CHANCE PARA MEDIAR
Antes que se aprobara la Ley 779 (Integral Contra la Violencia Hacia las Mujeres), había mucha retardación en el pago de las pensiones. Los pasillos de juzgados, Ministerio Público y Defensoría, aún del Ministerio de la Familia (Mifamilia), permanecían invadidos de mamás que demandaban por pensión. Los jueces notificaban a los papás incumplidos, sentaban a las partes, y casi siempre se salía con el compromiso de pagar la debida pensión al o a los hijos. Pasaban semanas, meses, y las mamás volvían a acudir a la justicia de nuevo, a quejarse por incumplimiento. Era un círculo de no acabar.
La aprobación de la 779 vino a agilizar, reconocen jueces, defensores y fiscales consultados, el cumplimiento, porque acabó con el trámite de la mediación. Ahora, la única posibilidad de no ir preso es pagando la totalidad de lo que se debe.
La fiscal de Managua, Blanca Salgado, reconoce que a raíz de la Ley 779 aumentaron enormemente las denuncias por incumplimiento en las pensiones de alimentos. Sin embargo, explica que esa instancia han tenido dificultades para tramitar los casos por falta de personal.
Solo hay dos funcionarios para tramitar las denuncias. Distinto a lo que ha ocurrido con otras instancias donde se ha contratado personal. Con la aplicación de la ley aparecieron seis Juzgados de Familia, y en los últimos años han sido contratados 29 defensores públicos.
“Esto nos ha sobrepasado… la gente viene con sus niñitos y no se mueve”, afirma Salgado respecto al trabajo de la Fiscalía.
Salgado dice que una medida ha sido descentralizar las denuncias hacia la Comisaría de la Mujer. “Porque es ahí donde deben atenderlas en cada Distrito”, dice la funcionaria.
Normalmente, a la Fiscalía llegan los casos remitidos por otras instancias como los Juzgados de Familia o el Ministerio de la Familia (Mifamilia).
La fiscal departamental explica que la mayoría de los demandados por la pensión de alimentos, busca como pagar. No obstante, considera que en algunos casos es un inconveniente el que tengan que pagar completo. La ley no permite pago en cuotas. “Está prohibida la mediación, pero la víctima quiere agarrar lo que sea porque está necesitando el dinero”, apunta Salgado, quien afirma que sí se debería restablecer la mediación en estos casos. “Pero no podemos ir más allá de lo que manda la ley”, dice la fiscal.
PAGAR, EL ÚNICO ARREGLO
En Ciudad Sandino han tenido casos, dice Karen López, de hombres que debían montos por encima de los 100 mil córdobas y cuando vieron la inminencia de la cárcel pagaron. Algunos fueron condenados a prisión, y a los pocos días pagaron varios miles de córdobas, y al pagar, se suspendió automáticamente la pena.
Algunos intentan aún pagar en cuotas, como se hacía antes. Pero, ahora, desde la Defensoría Pública son advertidos de que no se hará ningún acuerdo.
Al salir de la audiencia celebrada el martes por la mañana, se le pregunta a Pichardo que por qué no ha pagado. En su lugar contesta la mamá. “Esto es una confusión. Este hombre está enfermo y tiene cirrosis. Y lo que le piden es lo que gana”, dice la mujer. A unos metros Ana Cárdenas, la abuela, que vende frutas en la esquina de alguna calle en Ciudad Sandino, recuerda que lo único que Pichardo le ha dado al niño es un “adiós”, con la mano, desde el bus.
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