Tania Sirias
La abogada Helga Asher sostuvo que espera que al menos se le dé trámite por cumplir con las formalidades.
Además señaló que ella recurrió como ciudadana, “porque me preocupa la situación jurídica que estamos viviendo en el país”, expresó la concejal.
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Helga Asher García, Jaime Lola, Fredy Lara y Ena Fuertes, todos concejales del Partido Liberal Independiente (PLI), introdujeron el día de ayer un recurso de amparo ante el Tribunal de Managua, ya que se sienten afectados por la aprobación de la Ley 840, Ley Especial para el Desarrollo de Infraestructura y Transporte Nicaragüense Atingente a El Canal, Zonas de Libre Comercio e Infraestructuras Asociadas.
La abogada Asher comentó que el recurso de amparo administrativo es en contra del presidente inconstitucional de la República, Daniel Ortega y los 61 diputados del FSLN que votaron a favor de la Ley del Canal Interoceánico. Señaló que el presidente inconstitucional fue el principal impulsador para que pasara esta ley a la Asamblea Nacional y que fue aprobada por los legisladores sandinistas.
El concejal de Managua, Jaime Lola dijo que otros de los motivos del por qué se ampararon, es que los nicaragüenses están perdiendo una parte del territorio nacional, al conceder la soberanía nacional al empresario chino Wang Jing, a quien calificó “como un perfecto desconocido” en su país.
EMINENTE PELIGRO
“Nos vamos a amparar y dependiendo de lo que nos diga el Tribunal de Apelaciones de Managua, entonces se va a recurrir de inconstitucional esta Ley de Concesión del Canal“, señaló el concejal Lola.
Agregó que como nicaragüenses se sienten en “eminente peligro” sus derechos constitucionales, pues en cualquier momento este empresario chino podrá expropiar tierras, así como el peligro de contaminar importantes recursos hídricos, entre ellos el lago Cocibolca.
Asher afirmó que otros de los efectos colaterales del ley, fue el despojo de la diputada Xochilt Ocampo, a quien le fue cancelada el acta de toma de posesión y que crea un caos jurídico, ya que a la hora de la votación de esta ley, ella estaba usurpando funciones en el poder legislativo.
“Al haber cancelado la toma de posesión de Ocampo, el poder electoral trastocó el orden jurídico y deja un mal precedente”, indicó Asher, ya que ningún funcionario electo está seguro en su cargo.
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