Lucía Navas
Eddy Medrano, titular de la Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA), le favoreció un gran negocio a la empresa Alvimer Internacional y Compañía Limitada, al permitirle quedarse con el noventa por ciento del monto económico que se recaude por el servicio de escáner en las fronteras.
Cálculos del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) reflejan que por el cobro del 0.26 por ciento sobre el valor total de la mercancía que sea escaneada en las aduanas se obtendrían anualmente 18 millones de dólares. De ese monto la DGA solo se quedará con el diez por ciento, según el contrato firmado por Medrano con la empresa y ratificado por la Asamblea Nacional en la Ley de Concesión que aprobó el 13 de junio.
Medrano, como titular de la DGA y en representación del Estado de Nicaragua, suscribió el contrato con Alvimer Internacional, en el cual “de dedo” le cedió el manejo del sistema de escáner en los puestos aduaneros terrestres, aéreos y marítimos, ya que no cumplió con el proceso de licitación.
Alvimer Internacional tiene sede en Ciudad de Panamá, pero representa a la compañía alemana Smiths Detection Inc.
Para Eliécer Trillos, vicepresidente de la Cámara de Comercio de Nicaragua (Caconic), y René Vallecillo, experto tributario, no es comprensible que el Gobierno haya renunciado a través de la DGA a percibir apenas el diez por ciento de la recaudación que genere el sistema de escáner en aduanas.
En la aprobación en la Asamblea el 13 de junio se cambió a que la plata sea administrada por un “fideicomiso” constituido por la Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA) y la empresa.
Al experto en temas tributarios, René Vallecillo, le parece extraño que se estableciera este mecanismo, porque recuerda que las leyes orgánicas de la DGA y de la Dirección General de Ingresos (DGI) son claras en establecerlas como las únicas responsables de la recaudación de impuestos.
Vallecillo explica que al final es potestad del Ministerio de Hacienda decidir el uso de los impuestos del Estado.
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Vallecillo recuerda que en El Salvador igual existe este sistema, pero la entidad recaudatoria aduanera percibe los ingresos y posteriormente le paga a la empresa concesionada un cierto porcentaje por el servicio. “Pero nunca es superior lo que se le paga a una empresa a lo que el Estado debe obtener, porque para eso se fija una tasa y no sobre el valor total de la mercancía”, asegura.
POCA INVERSIÓN, GANANCIAS MILLONARIAS
Tal como está estructurada la Ley de Concesión y el contrato entre la DGA y Alvimer Internacional, evidencia un gran negocio que favorece a la empresa extranjera en perjuicio de las empresas y del mismo país.
De acuerdo a los datos brindados por la DGA a la Comisión de Infraestructura de la Asamblea, cada escáner está valorado en 3.2 millones de dólares.
Serán siete equipos a instalarse, uno en cada puesto de control fronterizo en El Espino, El Guasaule, Las Manos, Peñas Blancas, Corinto, El Rama y en el Aeropuerto Internacional. Significa que Alvimer invertirá unos 22.4 millones de dólares en los equipos.
Anualmente serían unos 18 millones de dólares los que genere el servicio de escaneo a todo “tipo de mercancías de cualquier origen, con propósitos comerciales o particulares, ya sea de manera definitiva o temporal bajo cualquier régimen aduanero”.
De tal forma que Alvimer recuperará en 15 meses su inversión y los restantes 13 años y nueve meses del plazo de la concesión serán de ganancias.
En los 15 años de concesión el servicio generaría unos 270 millones de dólares. A la DGA por el diez por ciento solo le corresponderían 27 millones de dólares.
Al descontar los 22.4 millones de dólares de la inversión, Alvimer Internacional se quedará al final con una ganancia estimada en 220.6 millones de dólares.
PODRÁ GANAR MÁS
Pero esas ganancias podrán ser mayores, ya que la ley establece que en el séptimo año podrán revisarse los “términos económicos de la concesión, tomando las partes en consideración la variación de la economía nicaragüense y la economía mundial”.
Henry Thompson, experto en temas aduaneros y asesor del Cosep, explica que eso permite poder subir el margen del impuesto creado (0.26 por ciento ad valorem), conforme haya un mayor flujo del comercio del país y de los costos que impliquen brindar para entonces el servicio.
El negocio es muy jugoso para Alvimer, pues la concesión dada por el Gobierno y la Asamblea le permitieron prorrogar “por períodos iguales y sucesivos” el plazo de 15 años en que de forma exclusiva manejará el sistema de escaneo de las mercancías que se importen y se exporten.
COBRARÁ AUNQUE NO OPERE
El contrato suscrito por el director de la DGA, Eddy Medrano, con Alvimer Internacional desfavorece al Estado por todas partes. Quedó la obligación de pagarle a la empresa su noventa por ciento de lo recaudado a partir “del primer día del mes siguiente”, que sea notificado que los equipos de escáner están instalados, probados y listos para su uso.
Pero el contrato dice que Alvimer Internacional “hará su mayor esfuerzo” para tener instalados y en operaciones todos los escáner dentro de 14 meses, a partir de la entrada en vigencia del documento y la Ley de Concesión.
La ley entró en vigencia el 28 de junio de 2013, lo que quiere decir que para agosto de 2014 debería estar operando el sistema de escáner en las aduanas. Sin embargo, Medrano protegió a la Alvimer porque aceptó que cumpla ese plazo siempre que la DGA le facilite todos los permisos, la disponibilidad de los sitios en los puestos fronterizos y que le agilice el desanuanaje de los equipos en un máximo de treinta días de que lleguen al país.
Pero si en el plazo de 14 meses Alvimer no ha iniciado el servicio porque la DGA no le facilitó las condiciones antes descritas, igual el Estado deberá empezar a pagar a la compañía porque la DGA deberá comenzar a cobrar el 0.26 por ciento sobre el valor de la mercancía que pase por las aduanas, aún sin que sean escaneadas.
De acuerdo al párrafo cuatro de la Cláusula Sexta del contrato, dice claramente que “si por alguna razón imputable al Contratante (la DGA), los equipos hayan arribado a puerto nicaragüense y no pudieran instalarse e iniciar la prestación del servicio, el cobro de la tasa iniciará automática e ‘independientemente’ de que el servicio se esté prestando en todos los sitios o no”.
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