Gloria Picón Duarte
El experto en derecho constitucional Oscar Castillo señala que el Consejo Supremo Electoral (CSE) ha violentado el artículo 129 de la Constitución Política, que establece la independencia de los poderes del Estado, al arrogarse atribuciones que solo le corresponden a la Asamblea Nacional.
En la notificación que el CSE le envió a la diputada Xochilt Ocampo para hacer de su conocimiento de que el acta de toma de posesión y su credencial fueron canceladas, el poder electoral se arropa bajo las facultades que el artículo 173 de la Constitución le confiere, pero en ninguno de los 14 numerales de dicho artículo se habla de que los magistrados de ese poder del Estado pueden destituir diputados.
El poder electoral también menciona las facultades que le confiere el artículo 82 y 10 de la Ley Electoral, pero en estos casos tampoco hay referencia a la destitución de diputados electos.
El jurista señala que cualquier procedimiento para destituir a un diputado que ya fue juramentado, acreditado y tomó posesión, según la Constitución Política y la Ley Orgánica le corresponde al poder legislativo. “El poder electoral no tiene facultad para destituir una vez que fue electo, acreditado y entró en posesión de su cargo. La Constitución Política y la Ley Orgánica establece una serie de causales y sería la Asamblea Nacional la que debe conocer y resolver la destitución”, recalca Castillo.
El jurista explica que en caso de que el poder electoral haya encontrado una violación en el registro o cualquier otra irregularidad, debió informar al legislativo para que proceda a investigar las causales y que actúe según manda la ley.
Sin embargo, el jefe de la bancada sandinista Edwin Castro continúa sin explicar las causas de la destitución de la diputada y señala que ellos solo acataron una resolución del CSE. “Yo acato lo que otro poder del Estado dice. Yo tengo que acatar la resolución”.
Para Castillo es lamentable que un diputado diga que acepta una violación de la autonomía al poder que representa.
Por otra parte el pasado martes por la tarde la Bancada Democrática Nicaragüense mediante una carta dirigida al presidente de la Asamblea Nacional, René Núñez, le hacen ver que según la Constitución, la destitución de un diputado solo corresponde al poder legislativo. Además solicitan información sobre el caso, ya que consideran que lo que ha pasado con Ocampo es ilegal e inadmisible.
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