Bogotá/EFE
La decisión de Nicaragua de ceder a una empresa china la concesión para construir un canal interoceánico despertó hoy suspicacias en Colombia, país que recientemente perdió una extensión de mar a favor de ese país centroamericano por un fallo de la Corte de La Haya.
El Gobierno colombiano, que busca desde noviembre de 2012 una estrategia jurídica contra la decisión que definió nuevas fronteras marítimas en el Caribe, ha mantenido silencio frente a la construcción de este canal, pero congresistas y exfuncionarios colombianos reaccionaron con desconfianza ante la noticia.
La excanciller Noemí Sanín había alertado de que estos «negocios» entre China y Nicaragua podrían estar detrás de la decisión de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, pues una de las magistradas del caso era china y supuestamente conocía el proyecto de la megaobra interoceánica.
El fallo de La Haya le atribuyó a Nicaragua unos 75,000 kilómetros cuadrados de mar que antes estaban en manos colombianas, mientras ratificó la soberanía del país andino sobre siete cayos cercanos a su archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
El presidente del Senado colombiano, Roy Barreras, señaló hoy que «la presencia de una juez de nacionalidad china que no sólo no se declaró impedida sino que no admitió al alto tribunal las motivaciones comerciales que estarían detrás del fallo contra Colombia, hacen aún más evidente la necesidad de rechazar dicho fallo».
Barreras recordó en un comunicado que la Constitución colombiana determina que el Congreso puede «aceptar o no la verificación de los límites nacionales exclusivamente por la vía de la ratificación de tratados internacionales, un fallo además cuestionable en este caso».
El presidente del Senado ratificó su respaldo al Ejecutivo si decide solicitar la revisión del fallo «ante los nuevos hechos», al tiempo en que abogó por «esperar la llegada de un nuevo tratado entre Colombia y Nicaragua, si los Gobiernos de las dos naciones así lo consideran».
La senadora del evangélico Movimiento Independiente de Renovación Absoluta (MIRA) Alexandra Moreno Piraquive señaló que esta supuesta alianza geopolítica prueba que «existían intenciones oscuras desde hacía años por parte del país centroamericano por el área marina que la Corte de La Haya le entregó».
«Para Colombia es una decisión fabulosa, nos da la pieza clave para llegar a La Haya y pedir revisión del fallo, necesitábamos un hecho nuevo y contundente como este», argumentó Moreno Piraquive.
También el senador por el oficialista Partido Social de Unidad Nacional (Partido de la U) Juan Lozano observó en declaraciones a Blu Radio «que podría haber intereses económicos» en la decisión judicial, pero aconsejó que «la defensa de Colombia no se pude montar sobre un caso de corrupción de la CIJ».
Esta es también la postura del experto en derecho internacional colombiano Vicente Torrijos, quien en declaraciones a Efe auguró que esa sería «una estrategia fallida de entrada», pues un argumento «basado sobre teorías de la conspiración debilitaría a Colombia frente a la CIJ».
Torrijos es partidario de que Colombia desconozca el alcance del fallo «sin crear un conflicto» y apelando a la última instancia diplomática, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde el país andino cuenta con apoyos de más peso que los nicaragüenses.
Por último, el expresidente Ernesto Samper opinó en RCN La Radio que «la teoría de que los chinos estaban detrás del proceso de La Haya es un cuento chino», porque Nicaragua «es de los pocos países del mundo» que no tiene relaciones con el gigante asiático y reconoce a Taiwán.
