Nohelia González V.
Directivos y accionistas del Canal Interoceánico de Nicaragua (CINN) se oponen a la construcción del Gran Canal por la empresa china HKND Group Holding Limited y demandan al presidente inconstitucional de Nicaragua Daniel Ortega respetar la concesión exclusiva que se les otorgó en mayo de 2001 y eliminar los obstáculos burocráticos que por largo tiempo les han impedido desarrollar el proyecto de ferrocarril interoceánico y puertos.
En un comunicado emitido desde Nueva York, el miércoles, la Junta Directiva y los accionistas del CINN “se oponen” a que el Gobierno de Nicaragua y la Asamblea Nacional “otorguen la misma concesión dada a el Proyecto del Canal Seco (CINN) a una compañía de Hong Kong”.
CINN recordó al gobierno de Nicaragua que la concesión les fue autorizada el 16 de mayo del 2001, mediante el decreto 2878.
El cuarto en la lista fue el proyecto del Gran Canal o Canal Húmedo que partió de una iniciativa gubernamental.
Estos proyectos se clasificaron en dos tipos de canales: secos y húmedos. Los primeros consisten en la construcción de una línea ferroviaria que parte de un puerto en el mar Caribe, atraviesan el país hasta llegar a un puerto en el océano Pacífico. Los canales secos están diseñados para el trasiego de contenedores.
Mientras que de los canales húmedos únicamente Eco Canal contó con la aprobación de la Asamblea Nacional para desarrollar los estudios de factibilidad e impacto ambiental.
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Le recuerdan que el CINN es una corporación nicaragüense formada en 1995 por inversionistas internacionales y nacionales, cuyo propósito “es desarrollar, construir y operar el ferrocarril interoceánico y el proyecto de puertos popularmente llamado Canal Seco”. La concesión del proyecto tiene exclusividad por 40 años.
GOBIERNO BLOQUEA PERMISOS
“A pesar de las repetidas solicitudes hechas por CINN, el Gobierno de Nicaragua no ha emitido los permisos a CINN para llevar a cabo los estudios como exige la ley. Esta violación de los términos claros de la ley ha impedido a CINN realizar los estudios y continuar con el proyecto, causando graves daños económicos a CINN. Hoy, CINN otra vez exhorta tanto al Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI) como a Marena para que emita los permisos pertinentes para la obra de CINN”, puntualiza el comunicado.
Agregan que la empresa ha cumplido todos los requisitos impuestos por el Gobierno de Nicaragua, demostró su capacidad al realizar los estudios de viabilidad y el de prefactibilidad ambiental. Además, presentó el proyecto ante la Asamblea Nacional, sostuvo reuniones con miembros de la sociedad civil a lo largo de la ruta del ferrocarril propuesto y en la ubicación de los puertos proyectados, para informar al público sobre el proyecto y obtener consenso.
DERECHOS PRIORITARIOS
“CINN firmó el convenio con la Comisión Mixta del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo, entidades del Gobierno de Nicaragua que reconocieron a CINN ‘derechos prioritarios’ para la ejecución del proyecto del Canal Seco concebido por CINN”, expresa el documento que a su vez enfatiza en que realizaron los estudios de viabilidad por medio de compañías de primer orden de Bélgica, Estados Unidos y Canadá los cuales fueron aceptados por el Gobierno de Nicaragua.
“El MTI dirigió una carta al presidente de CINN, en la que indicó que el gobierno nicaragüense reconoce que CINN ha creado y desarrollado, en su opinión, un proyecto que era digno de ser dado como primera opción para la construcción”, sostiene el CINN.
Recuerdan que los accionistas del CINN —que son de más de 10 países— tuvieron que demandar ante la Corte Federal de Nueva York el 27 de octubre de 2001, luego que funcionarios del Gobierno interfirieron con la ejecución del proyecto.
“CINN ha persistido en el desarrollo del proyecto y a pesar de todas las acciones indebidas e inmorales tomadas contra la empresa por ciertos privilegiados que se consideran a sí mismos como la nueva ‘élite’ nicaragüense, CINN se ha dedicado a concluir el proyecto en beneficio de Nicaragua y los nicaragüenses”.
Sobre la Ley Especial para el Desarrollo de Infraestructura y Transporte Nicaragüense atingente a El Canal, Zona de Libre Comercio e Infraestructuras Asociadas, que fue aprobada ayer en el plenario de la Asamblea Nacional, con 61 votos a favor, 25 en contra, dos presentes y una abstención expresan que “vulnera la soberanía de Nicaragua”.
Argumentan que la construcción del Canal Seco del CINN “es más económica y efectiva que el canal de agua, a un costo de US$ 3,500,000,000 (tres mil quinientos millones de dólares) y puede completarse entre 4 y 5 años. El programa de desarrollo de las Naciones Unidas ha estimado que la construcción generará 20,000 empleos directos y tres veces ese número indirectamente. El ferrocarril y los puertos darán permanentemente empleo a unos 7,000 trabajadores calificados. Los dueños de la tierra donde pasa el ferrocarril serán indemnizados y tendrán otros beneficios, tales como el acceso a servicios públicos”.
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