Elizabeth Romero y Rezaye Álvarez M.
El asesor presidencial en temas medioambientales, Jaime Incer Barquero, aseguró ayer que se deben sopesar los impactos ambientales con los beneficios económicos, al tiempo que cuestionó si los ingresos que el país recibiría por el Gran Canal Interoceánico (GCI) quedarían distribuidos equitativamente y justamente entre toda la población de Nicaragua.
Sin embargo, Incer Barquero aclaró que para definir mejor los impactos ambientales que produciría la construcción del GCI, se deben “hacer todos los estudios que sean necesarios y durante el tiempo que sea necesario” inclusive cuando se desconoce la ruta.
Incer Barquero indicó que en su condición de asesor presidencial, siempre escribe las inquietudes que tiene sobre las cosas que pasan en Nicaragua y las envía a la Presidencia de la República para su consideración.
Pero “obviamente el Estado tiene otras visiones y otras prioridades y no siempre porque yo propongo, u otros propongan tienen el mismo impacto o la misma respuesta” expresó.
Asimismo indicó que espera la conformación de comisiones, “aunque en Nicaragua no hay muchos ambientalistas que hagan algo más allá de opinar”, también valoró pertinente y se puso a la orden para convocar a investigadores de todo el mundo para estudiar seriamente el asunto.
Redes se pronunciaron
La Red Democracia Joven de las Américas y la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia (RedLad), emitieron ayer una alerta sobre los peligros que enfrenta la soberanía del pueblo de Nicaragua, tras la aprobación de la ley para la construcción del Canal Interoceánico.
Ambas organizaciones hacen un llamado a los gobiernos democráticos de América Latina y las organizaciones de la sociedad civil del continente, para que exijan al presidente inconstitucional, Daniel Ortega, el respeto de la soberanía del pueblo nicaragüense, a su Constitución Política y legislación interna, “así como de los instrumentos internacionales de derechos humanos que forman parte del ordenamiento jurídico del país”.
La Red Democracia Joven de las Américas está conformada por más de ochenta jóvenes de más de 12 países de la Región y la RedLad, es plataforma de más de 520 organizaciones, Miembro Oficial del Foro de Sociedad Civil de la OEA y Capítulo Regional del World Movement for Democracy (WMD).
Ambas organizaciones rechazan las acciones del gobierno de Ortega y de la bancada oficialista de la Asamblea Nacional.
También solicitaron la aplicación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), relativo al derecho a la consulta de pueblos indígenas y originarios, y recuerdan que el mismo Ortega otorgó en 2009 a los indígenas Rama y Kriol por título comunal un territorio de 406,849.30 hectáreas y 441,308 hectáreas de área marítima. Asimismo, instaron n a las organizaciones de la sociedad civil nicaragüense a manifestarse en contra de este hecho.
Ver en la versión impresa las páginas: 6 A
