Sergio León y Ramón H. Potosme
El inconstitucional presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, quiere expropiar de sus tierras comunales a los miembros del territorio Rama y Kriol, ubicados en los alrededores de Monkey Point, jurisdicción de Bluefields, en la Región Autónoma Atlántico Sur (RAAS).
“Ellos hablan que todas las tierras por donde pasará el Gran Canal pasaría a nombre del Estado, eso sería una expropiación de nuestras tierras comunales”, denunció el presidente del Gobierno comunal de Monkey Point, Rupert Allen Clair Duncan.
Martínez cuestiona qué va a pasar con la cultura rama y kriol con la construcción de la megaobra o la destrucción de los bosques.
Planteó que producto del anuncio de la construcción del Canal se han aumentado las invasiones de colonos a sus territorios robando la paz a sus comunidades. Martínez reiteró que no pueden dar una concesión si no se ha consultado a los verdaderos dueños.
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“Las tierras comunales son inajenables, imprescriptibles, inembargables, no pueden ser donadas por nadie, ni siquiera por un juez, ni el Consejo Regional del Atlántico Sur, ni por el presidente de la República”, se quejó Clair ayer en conferencia de prensa.
El 18 de diciembre de 2009 el Estado de Nicaragua tituló el territorio Rama y Kriol con 406,413.03 kilómetros cuadrados de hectáreas de tierras, título comunal número 010-18-12-2009.
Y en 2012 la Asamblea Nacional aprobó la Ley del Régimen Jurídico del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua, y de Creación de la Autoridad del Gran Canal, publicado en La Gaceta Diario Oficial número 128 del día lunes 9 de julio del 2012, que en uno de sus articulados regresa al Estado parte de las tierras de Monkey Point.
COMPROMISO INTERNACIONAL
Santiago McCrea, presidente de los ramas y kriol, dijo que su territorio lo integran nueve comunidades, seis indígenas y tres afrodescendientes, y que la integran 15 mil pobladores.
La dirigente de esas comunidades Becky McCrea apuntó que el gobierno de Nicaragua tiene un compromiso internacional de garantizar los derechos y protección de las minorías étnicas.
“Demandamos que el Gobierno cumpla con la consulta, también exigimos que la Corte Suprema de Justicia se pronuncie sobre el recurso de inconstitucionalidad que introdujimos contra la Ley del Canal, es la fecha y callan”, sostuvo McCrea.
El 29 de agosto de 2012 las autoridades territoriales rama y kriol presentaron ante la CSJ un recurso por inconstitucionalidad contra Ortega, y el presidente del parlamento René Núñez, por la aprobación de la Ley 800, Ley del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua, y desde esa fecha ese recurso no ha sido resuelto por los magistrados judiciales.
“Ni el Consejo Regional del Atlántico Sur ni el gobierno de Nicaragua tienen tierras comunales, y por tanto no pueden aprobarse concesiones en nuestras tierras sin antes consultarnos, ellos deben respetarnos”, sostuvo Becky McCrea.
El lunes anterior directivos del Consejo Regional de la RAAS, dominado por el orteguismo, se presentaron a la Comisión de Infraestructura de la Asamblea Nacional para avalar en nombre de las comunidades indígenas y afrodescendientes la construcción del Gran Canal, sin previa consulta con los comunitarios locales.
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