Nohelia González V.
Directivos y accionistas del Canal Interoceánico de Nicaragua (CINN) demanda al presidente inconstitucional de Nicaragua, Daniel Ortega eliminar los obstáculos burocráticos que por largo tiempo les han impedido desarrollar el proyecto de ferrocarril interoceánico y puertos, cuya concesión fue autorizada el 16 de mayo del 2001, mediante el decreto 2878.
En un comunicado de prensa emitido desde Nueva York ayer, la Junta Directiva y los accionistas de CINN “se oponen” a que el Gobierno de Nicaragua y la Asamblea Nacional “otorguen la misma concesión dada a El Proyecto del Canal Seco (CINN) a una compañía de Hong Kong”.
Le recuerdan que CINN es una corporación nicaragüense formada en 1995 por inversionistas internacionales y nacionales, cuyo propósito “es desarrollar, construir y operar el ferrocarril interoceánico y el proyecto de puertos popularmente llamado canal seco”. La concesión del proyecto tiene exclusividad por 40 años.
“A pesar de las repetidas solicitudes hechas por CINN, el gobierno de Nicaragua no ha emitido los permisos a CINN para llevar a cabo los estudios como exige la ley. Esta violación de los términos claros de la ley ha impedido a CINN realizar los estudios y continuar con el proyecto, causando graves daños económicos a CINN. Hoy, CINN otra vez exhorta tanto al Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI) como a MARENA para que emita los permisos pertinentes para la obra de CINN”, puntualiza el comunicado.
Agregan que la empresa ha cumplido todos los requisitos impuestos por el gobierno de Nicaragua, demostró su capacidad al realizar los estudios de viabilidad y el de prefactibilidad ambiental. Además presentó el proyecto ante la Asamblea Nacional, sostuvo reuniones con miembros de la sociedad civil a lo largo de la ruta del ferrocarril propuesto y en la ubicación de los puertos propuestos, para informar al público sobre el proyecto y obtener consenso.
“CINN firmó el Convenio con la Comisión Mixta del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo, entidades del Gobierno de Nicaragua que reconocieron a CINN ‘derechos prioritarios’ para la ejecución del proyecto del Canal Seco concebido por CINN”, expresa el documento que a su vez enfatiza en que realizó los Estudios de Viabilidad por medio de compañías de primer orden de Bélgica, Estados Unidos y Canadá los cuales fueron aceptados por el gobierno de Nicaragua.
“El MTI dirigió una carta al Presidente del CINN, en la que indicó que el gobierno nicaragüense reconoce «que CINN ha creado y desarrollado, en su opinión, un proyecto que era digno de ser dado la primera opción para la construcción», sostiene el CINN.
Recuerdan que los accionistas del CINN que son de más de 10 países tuvieron que demandar ante la Corte Federal de Nueva York el 27 de octubre de 2001, luego que funcionarios del gobierno interfirieron con la ejecución del proyecto de CINN. “CINN ha persistido en el desarrollo del proyecto y a pesar de todas las acciones indebidas e inmorales tomadas contra la empresa por ciertos privilegiados que se consideran a sí mismos como la nueva ‘élite’ nicaragüense, CINN se a dedicado a concluir el proyecto en beneficio de Nicaragua y los nicaragüenses”.
Sobre el canal interoceánico cuya propuesta se discute hoy en la Asamblea Nacional, expresan que “vulnera la soberanía de Nicaragua”.
Argumentan que la construcción del canal seco del CINN “es más económica y efectiva que el canal de agua, a un costo de US$ 3,500,000,000 (tres mil quinientos millones de dólares) y puede completarse entre 4 y 5 años. El programa de desarrollo de las Naciones Unidas ha estimado que la construcción generará 20,000 empleos directos y tres veces ese número indirectamente. El ferrocarril y los puertos darán permanentemente empleo a unos 7,000 trabajadores calificados. Los dueños de la tierra donde pasa el ferrocarril serán indemnizados y tendrán otros beneficios, tales como el acceso a servicios públicos”.
