Washington/EFE
Las vistas preparatorias para el juicio contra Abdel al-Rahim al-Nashiri, acusado del ataque al destructor estadounidense “Cole” en 2000, se reanudaron hoy en la Base Naval de Guantánamo, inmersa en una extendida huelga de hambre.
El primer día de los cuatro que durará este tramo de audiencias preparatorias estuvo marcado por los retrasos de detalles del proceso que terminaron por enervar a algunos de los familiares víctimas de aquel ataque, que pueden seguir el proceso desde circuitos cerrado de televisión en la base en territorio cubano o en Fort Meade (Maryland).
Según el blog Lawfare, que transcribió parte de la audiencia de hoy, el juez de las comisiones militares de Guantánamo, el coronel James Pohl, tuvo que retrasar la audiencia en ocasiones por detalles como el audio de los auriculares de Al-Nashiri o para explicar por qué se prohíben cuadernos con alambres de espiral en la prisión.
El saudí, de 48 años y está acusado del ataque al destructor “Cole” en aguas del Yemen en el que murieron 17 soldados, lleva casi siete años recluido en la prisión de Guantánamo a la espera de juicio, en el que podría ser condenado a la pena de muerte.
El abogado civil de Al-Nashiri, Rick Kammen, protestó hoy por, en su opinión innecesarias, nuevas normas en el presidio que dificultan su labor de defensor, como no poder llevar cuadernos de espiral o bolígrafos.
Según algunos abogados de presos de Guantánamo la situación en la prisión empeoró el pasado septiembre con el cambio de guardias de la Marina a los de la Infantería, que impusieron normas más estrictas en el interior de los campos de confinamiento.
El reinicio de las audiencias de las comisiones militares, que continuarán la semana próxima con las de los supuestos cerebros de los atentados del 11 de septiembre de 2001, coincide con una huelga de hambre generalizada que ya va por su quinto mes.
Más de un centenar de los 166 presos que aún siguen en esta cárcel en la base estadounidense en territorio cubano están en huelga de hambre en protesta por la indefinición en la que están inmersos los que tienen el visto bueno para ser repatriados o llevan más de una década sin juicio a la vista.
Un total de 41 presos están siendo alimentados a la fuerza y cuatro están hospitalizados.