Moisés Martínez
A cada uno de los 1,695 empleados de la Dirección General de Ingresos (DGI) se le deduce un tres por ciento de su salario bajo una etiqueta de “Varias”, que es la forma como se enmascara la “cuota del partido” que todos deben entregar, sin excepción, so pena de ser despedidos.
La “cuota del partido” ha sido denunciada como una práctica extorsiva que se aplica de forma generalizada en todas las dependencias estatales de la administración del presidente inconstitucional Daniel Ortega.
“El que se niegue o reclame por este cobro, es corrido. Así de simple”, dijo uno de los funcionarios de la DGI que aceptó hablar con LA PRENSA a condición de anonimato.
LA PRENSA tiene en su poder las planillas de la DGI que evidencian este cobro, que el abogado Álvaro Leiva, experto en temas laborales y secretario general de la Federación Democrática de Trabajadores del Servicio Público (Fedetrasep), considera “ilegal debido a que en primer lugar es forzada y obligatoria, además de que el fin de estos recursos es financiar actividades de tipo político”.
De acuerdo con la planilla de abril de este año este cobro significó un total de 232,991.76 córdobas.
Esto quiere decir, que si no hubiese ninguna variación salarial en ninguno de los trabajadores de la DGI en 2013, en todo el año, los 1,695 empleados de esta dependencia estatal estarían aportando a las actividades políticas del Frente Sandinista un total de 2,795,901.12 córdobas.
Según nuestras fuentes, no hay fiscalización alguna sobre el uso que se hace de estos recursos, que son manejados por los sindicatos fieles al orteguismo y sus máximas autoridades.
LA PRENSA buscó una respuesta oficial de la DGI, pero como es norma en la política de comunicación diseñada por la primera dama Rosario Murillo, nuestras consultas no fueron atendidas. Una funcionaria del departamento de Prensa nos dijo que iba a consultar con la jefa de este despacho, Melissa Peréz, para contactarnos y brindarnos la información requerida. Sin embargo, esto finalmente no ocurrió.
Según fuentes a lo interno de la DGI que pidieron no ser nombradas por temor a represalias de parte de las autoridades de esta instancia, estos fondos son usados para financiar actividades políticas partidarias de los denominados Comités de Liderazgo Sandinista (CLS) y los Consejos del Poder Ciudadano (CPC), dos organizaciones de control ciudadano que forman parte de la estructura partidaria del Frente Sandinista, partido político dominado por el presidente Ortega.
Según los empleados consultados, tampoco existe información sobre el destino de estos recursos de los trabajadores. Esta deducción se suma a las que existen por ley, como las cotizaciones al Seguro Social y el pago del Impuesto sobre la Renta (IR).
VIEJA PRÁCTICA
Los documentos en poder de LA PRENSA revelan que esta práctica ya existía durante la administración del defenestrado Walter Porras, y ahora es continuada por el que era su segundo y quien actualmente dirige la DGI, el capitán en retiro de la Policía Nacional, Martín Gustavo Ruiz.
Cuando Porras, quien fue tildado de ser el funcionario público más servil del gabinete del presidente Daniel Ortega y cayó en desgracia ante la pareja presidencial en abril del 2011, dejó aceitado el sistema recaudatorio de este tres por ciento ilegal que funciona hasta ahora.
En la planilla de febrero de 2011 en poder de este Diario, a pocas semanas antes del despido de Porras, se reporta que a los trabajadores de la DGI se les quitó por el impuesto rojinegro forzado un total de 145,026.52 córdobas.
Esta es la primera vez que una investigación periodística logra tener acceso a documentos oficiales que comprueban estos atropellos en contra de los empleados públicos.
ILEGAL Y GENERALIZADO
Alvaro Leiva, abogado experto en temas laborales y secretario general de la Federación Democrática de Trabajadores del Servicio Público (Fedetrasep), dijo: “El aporte de un servidor público en un porcentaje para cubrir actividades partidarias políticas de órganos vinculados al partido de gobierno, como los Comités de Liderazgo Sandinista o los Consejos del Poder Ciudadano como parte de una estructura Estado-Partido, es absolutamente ilegal. Nosotros hemos denunciado desde hace años este uso viciado de los recursos humanos del Estado, que violenta derechos humanos, constitucionales, laborales y sindicales. Es aberrante que estén obligando a los trabajadores a cotizar algo, si quieren mantener su estabilidad laboral”, dijo Leiva.
“Esta práctica viola el artículo 25 de la Constitución Política y toda la normativa general de la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa. Como organización hemos documentado denuncias de miles de empleados públicos en diferentes instancias del Estado a los que les han estado reteniendo de manera ilegal un porcentaje de su salario. Esto está pasando desde el 2007, y continúa ahora. Y claro, nadie reclama por qué, porque quien lo haga, es despedido”, añadió Leiva.
Ver en la versión impresa las páginas: 1 A ,3 A