Ramón H. Potosme y Tania Sirias
A casi cinco meses de iniciado el año las instituciones del Estado comenzaron a brindar su informe ante la Asamblea Nacional tal como lo establece la Constitución Política de la República. Los funcionarios no lo hicieron hasta tanto el presidente inconstitucional Daniel Ortega envió su informe presidencial el pasado 21 de mayo.
Ayer cuatro instituciones expusieron su gestión de 2012. Entre ellos resaltó la Contraloría General de la República a través de su presidente, el contralor de facto, Guillermo Argüello Poessy quien anunció que realizan una auditoría a la empresa con participación estatal Albanisa.
Enrique Sáenz señaló que no veía el positivismo cuando la productividad del país se ha venido reduciendo respecto al año 2004 e incluso respecto a hace cincuenta años. Indicó que los salarios reales de los trabajadores en el 2012 equivalen al salario de agosto del año 2001. Eso significa, según Sáenz, que la economía crece a manera de enclave y “se asienta en el abaratamiento de la mano de obra”.
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Según Argüello esta empresa reporta ventas de 45 mil millones de córdobas desde que comenzó a operar. La auditoría en su trabajo de campo ha concluido, pero no dijo cuándo podría ofrecer públicamente el informe final.
Albanisa es parte de los consorcios de la familia Ortega Murillo y maneja de manera monopólica la importación de petróleo de Venezuela. En esta empresa participa el Estado a través de la empresa Petróleos de Nicaragua (Petronic) con el 49 por ciento de las acciones. E restante 51 por ciento pertenecen a la estatal venezolana Petróleos de Venezuela (PDVSA).
El contralor explicó que desde que la firma inició sus operaciones en 2007 se han manejado transacciones en conceptos de ventas hasta por la suma de 45,000 millones de córdobas, equivalentes a unos 1,821 millones de dólares, aunque el alcance de la auditoría revisa la adquisición de bienes inmuebles, inversiones y flujo de caja.
SISTEMA FINANCIERO SEGURO
El segundo en hacer su presentación fue el superintendente de bancos, Víctor Urcuyo. Según él se ha mantenido un constante monitoreo al sistema financiero que es uno de los más seguros de la región.
Con la reforma a la Ley de los Consumidores, según el diputado Wálmaro Gutiérrez, la Superintendencia de Bancos (Siboif) tendrá atribuciones para monitorear otros productos además de las tarjetas de créditos. Como uno de los logros Urcuyo mencionó que la mayoría de los bancos ahora revisan claramente la capacidad de pago de las personas a las que asignan tarjetas. Acerca de la empresa MPeso que manejará dinero electrónico dijo que los consultarán para que la información que soliciten sea en el marco de la razonabilidad. Consideró que si el monto de la transacción es poco no deben ser necesarios tantos detalles. Reiteró que para su institución, para obtener la tarjeta electrónica del bus, únicamente es necesaria la cédula.
CRITICAN POLITIZACIÓN DE JUSTICIA
El fiscal Julio Centeno Gómez, fue otro de los funcionarios que brindó su informe anual donde destacó que el Ministerio Público atendió 46,593 causas las cuales llegaron a través de la Policía, pero además se brindó atención a 2,168 causas a través de los Centros de Atención a las víctimas. Asimismo informó que esta institución es “un puente de acceso a la justicia”, pues tuvieron un 62 por ciento de efectividad. Centeno destacó su aporte a la lucha contra la narcoactividad, el tráfico de migrantes y el tráfico humano, trabajando en coordinación con la Policía Nacional y del lado de la víctima.
El diputado Carlos Langrand señaló la politización de la justicia, contra los opositores al gobierno, específicamente en Nueva Guinea, Santo Domingo y otros municipios del país.
El diputado Agustín Jarquín Anaya criticó los pocos recursos que destina el Ministerio Público en el Triángulo Minero (Siuna, Rosita y Bonanza), donde solo hay dos fiscales y con lo único que contaban para movilizarse en la zona era una bicicleta. “Han progresado, ahora tienen una moto”, lamentó el legislador.
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