Vladimir Vásquez
El gobierno del inconstitucional Daniel Ortega establece beneficios para la empresa TSK-Melfosur Internacional, en las cuatro reformas que mandó a realizar en la misma cantidad de leyes de la República. Ahora habrá cárcel para quienes sustraigan ilegalmente energía, la empresa no estará obligada a instalar luminarias públicas fuera de su área de concesión, además se deja indefinido el plazo para que TSK reembolse inversiones a las urbanizadoras.
Las reformas que envió el ejecutivo a la Asamblea Nacional, con carácter de urgencia, no solo sirven para que se amplíe el subsidio de energía para quienes consumen menos de 150 kilovatios hora de energía al mes, sino que limpia el camino para que la empresa distribuidora TSK-Melfosur Internacional, vinculada con Albanisa, pueda cumplir las metas que se propone.
Entre otros puntos, Ortega mandó a reformar el artículo 236 del Código Penal, sobre el aprovechamiento indebido del fluido eléctrico, agua y telecomunicaciones.
CÁRCEL PARA LOS QUE ROBEN SERVICIOS
Ahora, quienes sustraigan estos tres tipos de servicios ilegalmente, podrían enfrentar una pena de uno a tres años de cárcel y de 100 a 300 días multa, “igual o superior a tres salarios mensuales del sector industrial”, establece el documento.
“La misma pena se aplicará a quien realice la conexión ilegal”, se indica en la reforma, que considera estas acciones como “conductas no solidarias”.
Estas sanciones serán aplicadas a todos los consumidores sin importar la cantidad de energía que sustraigan ilegalmente y será el Instituto Nicaragüense de Energía (INE) el encargado de realizar las inspecciones y podrían hacerse acompañar de representantes de Defensa del Consumidor que estén acreditados ante esa institución.
EL PLAZO FATAL
A partir de la entrada en vigencia de la ley, se otorgarán 180 días para que las personas que se encuentran conectadas ilegalmente se acerquen a la distribuidora a solicitar una normalización de su situación.
Pomares considera que no puede sancionarse a la población de esta forma si hay un rezago de inversiones que se arrastra desde hace años por causa de Gas Natural.
Dice que la exigencia para que la empresa invierta 75 millones de dólares en los primeros cinco años es solo el primer paso para que se pueda mejorar el servicio de energía eléctrica en el país, pero cree que hasta que eso no se logre, no deberían endurecer las multas contra los usuarios.
Recuerda que, además de los medidores y postes para cables de energía, también hacen falta transformadores para muchos barrios de Managua.
El defensor de los consumidores también cree que el plazo de 180 días establecido por el Gobierno no es suficiente para que todos los usuarios ilegales se acerquen a normalizar su situación actual.
[/doap_box]
Esto aplica tanto para quienes hayan sustraído energía de forma ilegal como para aquellos clientes que se encuentren en situación de mora en el pago de sus facturas.
Según los cálculos del director del Instituto Nicaragüense de Defensa del Consumidor, Marvin Pomares, son unas 200,000 personas las que se encuentran consumiendo energía de forma ilícita, pero duda que esto signifique una solución al problema.
“La empresa no tiene capacidad para instalar más de 200,000 medidores y postes eléctricos que hacen falta en el país”, dijo Pomares.
Por lo que el defensor de los consumidores considera que serán muchas las personas que tendrán que ser detenidas por las autoridades por no tener la capacidad de pagar.
DEUDAS “COMPENSADAS”
Pero también el Gobierno “compensará” los desvíos tarifarios contabilizados por las distribuidoras en el periodo del 1 de octubre de 2004 hasta el 30 de junio del año 2005, con “lo que estas empresas adeudan a las plantas generadoras eléctricas del Estado, Gecsa e Hidrogesa”.
MENOS RESPONSABILIDAD
TSK-Melfosur ahora no tendrá la responsabilidad de instalar luminarias públicas fuera del área de concesión, indica el documento enviado a la Asamblea Nacional este miércoles.
Desde que esta reforma sea aprobada en la Asamblea, las urbanizadoras, por ejemplo, tendrán que instalar las luminarias públicas en sus sectores y la empresa de distribución “reembolsará con mantenimiento de valor a la urbanizadora el costo de las obras”, pero sin un tiempo definido para esto, indica el mismo documento.
El documento además establece que las distribuidoras de energía eléctrica tendrán la responsabilidad de prestar el servicio de alumbrado público en las municipalidades dentro de su área de concesión, pero se anula la capacidad de suscribir un contrato con las municipalidades para la prestación de este servicio.
REFORMA MANDA A ANULAR MULTAS HEREDADAS
Todas las multas o sanciones que le fueron impuestas a la otrora distribuidora de energía Gas Natural, hasta el 13 de febrero de este año, serán eliminadas.
Para el diputado sandinista, Edwin Castro, no podían cobrar a la nueva distribuidora una deuda que arrastraba Gas Natural “que nada tiene que ver”.
“En los quince días posteriores a la entrada en vigencia de la presente ley, el INE revocará las multas aplicadas a las empresas distribuidoras de energía”, se lee en la reforma.
Sin embargo, se exceptúan todas aquellas responsabilidades que tengan por accidentes laborales o daños a terceros.
ARTÍCULOS DEROGADOS
La reforma también deroga varios numerales de la Ley de Estabilidad Energética, entre estos el “e” en el que se mandaba a la Empresa Nicaragüense de Electricidad (Enel) a contratar la energía generada con fuentes hidráulicas con las distribuidoras de energía a nivel nacional.
También deroga el numeral “g” en el que se autoriza al ente regulador a realizar ajustes mensuales a la tarifa que se produzca por variaciones en los costos de generación de energía.
El Gobierno manda a eliminar el numeral “i” de la misma ley, donde se establecen las exoneraciones de impuestos o gravámenes a la importación y comercialización de las lámparas y bujías ahorrativas de energía eléctrica.
SUBSIDIO EN ASENTAMIENTOS
En el documento también se indica que el subsidio (que saldrá de los usuarios que consuman más de 150 kilovatios hora al mes) para los asentamientos representará unos 12 millones de dólares para los primeros 12 meses de su aplicación, que serán incorporados al Presupuesto General de la República.
Asimismo, se manda a la empresa distribuidora de energía a invertir 75 millones de dólares en un periodo de cinco años para “mejorar la calidad y control del suministro de energía eléctrica”.
Como una medida que permita garantizar estas inversiones, el Gobierno establece que se realizará la supervisión de estas obras por un equipo multinstitucional compuesto por las instancias rectoras del sector, las distribuidoras y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
En este punto también se pretende que la mejoría en el servicio sea integral, pues el ejecutivo espera que haya una gestión efectiva en la recuperación de cartera y mejoría en el servicio al cliente, así como una mejora en la atención comercial y un programa consensuado con el Gobierno en la reducción de pérdidas.
Esta reforma enviada al legislativo podría ser aprobada la próxima semana por los diputados cuando se reanuden las sesiones, aunque los opositores pronostican un fuerte debate.
Ver en la versión impresa las páginas: 1 A ,3 A
