Guatemala/ACAN-EFE
La anulación de la condena de ochenta años de prisión al exdictador José Efraín Ríos Montt, por genocidio por 17 matanzas del ejército en las que murieron 1,771 indígenas ixiles del departamento Quiché entre 1982 y 1983, causó frustración a los que testificaron en su contra, aseguraron ayer directivos de las organizaciones humanitarias querellantes dentro del proceso.
La mayoría de las 98 personas que dieron su testimonio sobre las atrocidades cometidas por el ejército “dice que no son juguetes de nadie y no están dispuestos a volver a declarar”, señaló Edwin Canil, del Centro de Acción Legal para los Derechos Humanos (Caldh), en referencia a una eventual repetición del juicio. “Más de la mitad de testigos están enfermos, algunos sufren intimidaciones y serían contados los que vendrían”, indicó.
El abogado de Caldh, Héctor Reyes, manifestó que teme que el juicio vuelva a repetirse por completo, pese a que la Corte de Constitucionalidad lo regresó hasta el 19 de abril, cuando el debate, iniciado un mes antes, se encontraba suspendido para que se corrigieran errores jurídicos cometidos en la fase previa.
Representantes de más de setenta organizaciones de derechos humanos y de víctimas del genocidio asegura que la anulación de la condena es “ilegal”, atenta contra el Estado de Derecho y fomenta la impunidad.
Tras la jornada “Personas defensoras de derechos humanos en el punto de mira”, en Madrid, la defensora de derechos humanos guatemalteca, Yolanda Oquelí, lamentó respecto al caso de Ríos Montt: “Conseguimos una gota de justicia con los ochenta años de prisión y ahora, por el recurso presentado por el sector empresarial, han hecho que se anule”. Oquelí expresó que en su país se hace lo que diga el sector empresarial.
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