Hjalmar Ruiz Tückler
Consultor
Uno de los objetivos fundamentales de la reforma del sector de telecomunicaciones es fomentar la inversión, en particular, promoviendo nuevos servicios.
La exitosa transformación de los mercados monopolísticos de telecomunicaciones en mercados competitivos exige la intervención de los reguladores, sin la cual probablemente no habría verdadera competencia.
De hecho, la privatización y la competencia tienen lugar en períodos de gran actividad reglamentaria de las entidades reguladoras, principalmente en aspectos tarifarios. Hoy en día se tiende a la liberalización y algunas formas tradicionales de reglamentación de las telecomunicaciones se consideran más perjudiciales que beneficiosas para el desarrollo de la infraestructura y de los servicios nacionales de telecomunicaciones.
Normalmente, cuando se proponen o se examinan medidas reglamentarias, los gobiernos y las entidades de reglamentación deben garantizar que en primer lugar exista la necesidad de reglamentar, y en segundo lugar que, según sea el caso, se promulgue la reglamentación más eficaz posible.
No obstante, que la intervención reglamentaria es necesaria por distintos motivos, las entidades reguladoras deben considerar la conveniencia de sujetar o no los nuevos servicios a la reglamentación de precios. Si su decisión es afirmativa, la reglamentación de precios topes es lo suficientemente flexible como para contemplar la mayoría de los nuevos servicios.
En los países con mercados en competencia muchos reguladores han llegado a la conclusión de que regular tarifariamente a la mayoría de los nuevos servicios es contrario a los intereses del consumidor, ya que si no se reglamenta esta esfera los operadores suelen introducir servicios innovadores, de los cuales los servicios móviles son un ejemplo bastante común, sin embargo se ha considerado prudente el mantener la regulación relativa a la calidad de servicio técnico y comercial.
Visto lo anterior, se hace evidente que para pronunciarse al respecto importa que el regulador se cerciore de que el nuevo servicio del operador regulado sea realmente inédito. Los operadores se ven impulsados a empaquetar servicios existentes y a hacerlos pasar por nuevos para evitar que se reglamenten sus tarifas.
Si el regulador no desea crear confusiones en la industria, convendría que considerara la posibilidad de publicar sus definiciones de los nuevos servicios, basándose en criterios tales como la tecnología o la capacidad funcional y planteando interrogantes tales como si el nuevo servicio reemplaza un servicio existente. En caso afirmativo, este servicio no ampliaría la gama de servicios disponibles, no aplicaría como un nuevo servicio y seguramente se mantendría bajo el esquema de regulación tarifaria.
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