Lucía Navas y Roberto Mora
Una “aclaración minuciosa” pública sobre la razón de los allanamientos ilegales a los negocios y viviendas de varios empresarios y el arresto del presidente de la Cámara de Comercio, en Estelí, es exigida por el sector privado a la jefatura de la Policía Nacional.
En un fuerte reclamo, la Cámara de Comercio e Industria de Estelí y el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) demandan también “la sanción drástica a los responsables de los atropellos”.
Las sanciones las exigen sobre todo por las arbitrariedades que en particular se cometieron contra Roberto Moncada Jirón, presidente de la Cámara de Comercio del departamento, quien fue detenido ilegalmente y amenazado, le fue cerrado el negocio y recibió burlas él, su esposa e hija por los oficiales de Policía.
Solo Moncada ha recibido disculpas por la primera comisionada Aminta Granera, jefa de facto de la Policía Nacional. Pero en Estelí el resto de empresarios afectados están esperando que Granera las dé a todos y de forma pública.
El gremio consideró que la Policía violentó todo derecho constitucional de los empresarios y de sus familiares en la redada los días 12 y 13 de mayo pasado, para la cual no tenían una orden judicial.
POLICÍA CAUSA ENORMES DAÑOS
“Estos actos ilegales crearon nerviosismo, inestabilidad, daños y perjuicios psicológicos irreparables a los afectados, así como también a los familiares, trabajadores y población en general”, reza el comunicado emitido por la Cámara de Comercio.
“La imagen de todos ha quedado por el suelo”, reclamó Luis Eduardo Montealegre, propietario de la Impulsadora del Norte, quien está dispuesto a demostrar el funcionamiento legal de su pequeña empresa.
Por la “actitud grotesca sin precedentes en la historia del departamento”, el empresariado del país demanda, a la primera comisionada Granera, sanciones ejemplares.
José Adán Aguerri, presidente del Cosep, respaldó la demanda. Planteó que este tipo de acciones “provoca temor” entre los empresarios.
“Estamos vendiendo negativamente al país”, dijo Aguerri, quien espera que la atracción de inversiones a Estelí no se afecte, ya que recordó que los últimos años registra un auge importante en inversiones y en el comercio.
El jefe de la Policía en Estelí, comisionado mayor Sergio Cáceres, siguió sin explicar qué investigaciones realizan en la zona, pero dijo que estas continúan.
RESPETAR LIBERTAD DE PRENSA
Aguerri dijo que lo ocurrido contra los empresarios y el fotógrafo de la agencia AFP, Héctor Retamal, donde también se violentaron los derechos constitucionales, son hechos que no pueden repetirse.
“Este Gobierno y cualquier gobierno tiene que garantizar el debido proceso tal como lo establece la Constitución de la República, y este Gobierno y cualquier otro gobierno debe garantizar el ejercicio de la libre función periodística”, afirmó.
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