San José/ACAN-EFE
La presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, está hoy inmersa en un escándalo tras reconocer el uso del avión privado de un colombiano vinculado con la droga, pero dice que su Gobierno fue «engañado» al usar éste una identidad falsa.
Chinchilla y sus más cercanos colaboradores son blanco de las críticas de todos los sectores políticos y sociales costarricenses debido por los dos viajes que hizo en dicho avión a Sudamérica, en una polémica que ya le ha costado el cargo a uno de sus ministros.
El jet de la empresa THX Energy fue facilitado al Ejecutivo costarricense, de manera gratuita, para que Chinchilla viajara al funeral de Hugo Chávez y para que volara a Perú, el pasado fin de semana, para asistir a una boda.
El escándalo desatado por las investigaciones de periodistas obligó a que el ministro de Comunicación, Francisco Chacón, renunciara el miércoles a su cargo, pues se comprobó que uno de los directivos de THX Energy con el que el Ejecutivo costarricense tuvo contacto es Gabriel Ricardo Morales Fallón, supuestamente vinculado al narcotraficante Juan Carlos Ramírez, alias «Chupeta».
Según Chacón, el colombiano Morales Fallón se presentó ante él y otros funcionarios de Gobierno con una tarjeta de negocios con el nombre de Gabriel OFalan.
Chinchilla indicó en un comunicado que Chacón fue «engañado», y resaltó su «profunda preocupación por la cadena de fallos que tuvieron que mediar para que en su grupo de colaboradores más cercanos no se implementaran los filtros y los controles que hubieran permitido alertarla del vínculo del avión utilizado para sus viajes a Venezuela y a Perú, con una persona cuestionada por actividades ilícitas».
Los diputados de oposición no han escatimado en críticas severas al Gobierno por este caso, especialmente contra los funcionarios encargados de la seguridad de la Presidenta.
Chacón presentó una denuncia formal contra Morales por suplantación de identidad y hoy, el Fiscal General, Jorge Chavarría, dijo a la emisora ADN que sobre esta persona ya existía un expediente facilitado por las autoridades de Colombia.
Para Chavarría, el mayor error en este caso fue la falta de comunicación entre el despacho de la Presidenta y la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), lo que impidió que funcionaran los protocolos de seguridad.
El caso también es investigado por la Procuraduría de la Ética Pública de Costa Rica.
