Moisés Martínez
Como un “abuso” calificó el diputado opositor del Movimiento Renovador Sandinista (MRS), Enrique Sáenz, el decreto emitido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público que autoriza a la empresa privada Alba de Nicaragua SA (Albanisa) declarar de utilidad pública casi diez manzanas de tierra para la construcción de un oleoducto en San José del Limón, contiguo a la playa Miramar, en la costa Pacífico del país.
Desde la perspectiva del parlamentario, es lamentable cómo todo el aparato del Estado es dispuesto a los intereses de Albanisa, el corazón de todo un consorcio de empresas vinculado directamente al presidente inconstitucional Daniel Ortega.
“Esto es una de las grandes muestras del abuso que ha hecho el orteguismo con la institucionalidad pública. Con el viejo vicio del Estado patrimonial, estamos viendo cómo el poder es usado como un mecanismo de acumulación económica, invadiendo y avasallando con intereses privados, igual a como hacía el somocismo”, añadió el parlamentario.
Sin embargo, estas obras no son trabajos necesariamente vinculados a la construcción de la refinería, sino a la ampliación de la capacidad de almacenamiento de los combustibles importados desde Venezuela.
“Estamos ante un Estado en donde el orteguismo, que tiene el poder político, se siente en el derecho no solo de despojar derechos políticos, sino que también despojar derechos privados. El control de este poder político que se deriva en el control de las instituciones deja entonces a un ciudadano indefenso frente al poder. ¿A dónde va acudir? ¿Al poder judicial? ¿A la aAlcaldía?, Ya sabemos qué van a resolver”, advirtió el parlamentario.
2012
es el año en que de acuerdo al fallecido presidente venezolano Hugo Chávez estaría operando la primera fase de la refinería El Supremo Sueño de Bolívar. Esto no ocurrió.
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