Martha Vásquez y ACAN-EFE
El procurador general de la República, Hernán Estrada, informó que hasta hoy el Estado de Nicaragua lleva 40 casos resueltos de los 285 pendientes por resolver del llamado waiver de la propiedad con Estados Unidos.
«A este ritmo consideramos completar unos 66 casos y poder optar a la aprobación del Waiver por Estados Unidos», expresó Estrada.
El waiver de la propiedad es la dispensa de un año a la aplicación de la disposición legal que prohíbe la ayuda bilateral de los Estados Unidos a Nicaragua.
El Estado de Nicaragua ha indemnizado, desde el 2007 al 2012, a 7,510 ciudadanos de diferentes nacionalidades que tenían propiedades en Nicaragua y que fueron confiscados en la década de los 80.
Estrada explicó que los casos más retrasados corresponden a quienes no tienen pruebas de sus propiedades y los que reclamaron para luego desaparecer.
«Hay reclamantes que no sabemos dónde están. Le hemos pedido a Estados Unidos que nos ayude (a localizarlos). Hay otros que no sabemos si es un legítimo heredero o si legítimamente poseía (el inmueble)», señaló.
Para ayudar a la solución de los casos que no avanzan, la Procuraduría y Amcham suscribieron un convenio para facilitar el acercamiento entre los reclamantes y el gobierno de Nicaragua.
«Esto le va a dar confianza a los remanentes que quedan por reclamar, algunos no tienen documentos que presentar, entonces es mejor que haya una instancia, un tercero, que pueda dirimir alguna diferencia entre el gobierno y los reclamantes», manifestó Estrada.
El funcionario dijo confiar en que Estados Unidos concederá una nueva prórroga a Nicaragua en su exigencia de resolver los reclamos, lo que permitirá al país recibir ayuda de ese país este año, en reconocimiento a los avances obtenidos en la solución de los casos.
La prórroga de un año, efectiva hasta el 29 de junio de 2013, se aplica en aquellos países donde los ciudadanos estadounidenses no hayan recibido una indemnización adecuada y efectiva por sus reclamos de propiedades confiscadas, como es el caso de Nicaragua.
La prohibición de ayuda que dispone la sección 527 de la Ley de Autorización de Relaciones Exteriores de 1994 y 1995 se aplica a todo país que se encuentre en esas mismas condiciones, no solo a Nicaragua, de acuerdo a la información oficial.
El asunto de los reclamos de propiedades se remonta a las confiscaciones hechas por los sandinistas y que originaron la llamada «piñata», como comúnmente se conoce al reparto entre sandinistas de los bienes confiscados a la familia Somoza y a sus allegados en la década de 1980.
El Estado nicaragüense ha pagado 1,279 millones de dólares a ciudadanos estadounidenses que han reclamado sus propiedades en este país centroamericano, desde que entró en vigor la Sección 527, según cifras oficiales.
