CIUDAD DE GUATEMALA/AFP
El histórico juicio por genocidio contra el exdictador guatemalteco Efraín Ríos Montt divide y sacude, treinta años después, a una sociedad que ya escuchó un centenar y medio de testigos y peritos al cabo de un mes de proceso.
Ríos Montt y el ex jefe de inteligencia militar José Rodríguez son juzgados por la masacre de 1,771 indígenas mayas ixiles, cometida entre 1982 y 1983, en lo más cruento de la guerra que vivió Guatemala durante 36 años y dejó 200,000 muertos o desparecidos, según informes de la ONU.
El primer dardo que provocó polémica lo lanzó un exmiembro del cuerpo de ingenieros del ejército, Hugo Leonardo Reyes, quien vinculó con los hechos al hoy presidente constitucional, general Otto Pérez, como uno de los oficiales que ordenaron las ejecuciones.
El gobernante, quien niega fervientemente que en el país se haya cometido genocidio, rechazó la versión del exmilitar y lo calificó «como un testigo falso» propuesto por la Fiscalía.
El juicio ha tenido desde su inicio el 19 de marzo momentos de gran crudeza, como cuando testigos relataron la forma en que soldados decapitaron a un prisionero y utilizaron como balón su cabeza.
Otro pico de tensión lo gestó uno de los defensores del exdictador, el abogado Francisco Palomo, con dos de los argumentos que utilizó para rechazar la existencia de un genocidio.
Palomo primero negó el delito argumentando la inexistencia de una orden directa para eliminar una étnia en Guatemala, y a continuación aseguró que el sangriento conflicto armado de 36 años y 200,000 víctimas «fue un pleito de indígenas contra indígenas» debido a que tanto la guerrilla como las tropas del ejército eran integradas por descendientes de los mayas.
Otro climax lo generó un campo pagado en la prensa por exfuncionarios y dos exvicepresidentes que ejercieron funciones tras el fin de la guerra, en el que advirtieron que una eventual condena a Ríos Montt implicaría «serios peligros para nuestro país, incluyendo una agudización de la polarización social y política que revertirá la paz hasta ahora alcanzada».
Quienes pagaron esa publicación podrían ser demandados por «apología del delito, porque están exacerbando los ánimos y el odio (…) están haciendo gala del racismo profundo y ratificando que están a favor de la impunidad», dijo a la AFP el activista Jorge Santos, del Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos (Ciidh).
«Después de diez años de presentada la denuncia, llegar a esta etapa del proceso contra un exjefe de Estado por el delito de genocidio en cortes nacionales no tiene precedentes en el mundo», agregó.
Héctor Reyes, abogado del querellante Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (Caldh), calificó como algo clave la oportunidad que se dio a la población indígena de declarar sobre las violaciones de sus derechos.
«Se abrió la puerta para que ellos declararan a viva voz lo que sufrieron y vivieron (…) Creo que es algo trascendental para las víctimas», explicó el jurista a la AFP.
Respecto a la discusión entre sectores militares y defensores de derechos humanos, el abogado señaló que el tema lo están librando «dos bandos» en una «lucha mediática» con la publicación de comunicados e insertos de prensa, pero se desligó del tema.
Aunque persiste el debate para determinar si hubo genocidio, lo concreto es que ese delito en Guatemala tiene una pena máxima de 25 años, la mitad de lo que puede caberle a un secuestrador que asesine a una única víctima.
