CSJ estudiaría reformas a Ley 779

La polémica sobre la supuesta inconstitucionalidad de la Ley 779 o Ley Integral Contra la Violencia hacia las Mujeres, “pica y se extiende” en el poder judicial.

Mientras una fuente judicial afirma que se rumora una inclinación a una posible reforma al procedimiento de aplicación de la Ley, el abogado Bismarck Dávila, uno de los recurrentes contra dicha norma, impugnó a la magistrada Ligia Molina para que se abstenga de conocer el caso y solicitó a la Corte que dicte sentencia al respecto.

“El presidente (Daniel Ortega) mandó a solicitar un informe de la Ley y argumentos para reformar y no dejarla tan drástica. Dicen que quieren reformar la parte procedimental”, dijo la fuente judicial.

Mientras otra fuente afirma que la “Ley no se tocará”.

Dávila dejó claro que si la Ley 779 hoy es inconstitucional se debe a una mala técnica legislativa.

Agregó que esto no puede afectar los derechos de los ciudadanos juzgados. “Lo que denunciamos es la mala técnica legislativa que yace en la confección de la Ley N° 779, ya que a lo largo de su texto se encuentra plagada de violación a los derechos constitucionales procesales de los varones y en ocasiones hasta de las propias mujeres”, se lee en el escrito.

VAN TRES RECUSADAS

Con la impugnación de la magistrada Molina, miembro de la Sala Constitucional de la Corte — sala que estudiará el caso y propondrá un proyecto de sentencia, para ser discutido en Corte Plena—, ya son tres las magistradas rechazadas para conocer del caso, por implicancia al haberse pronunciado abiertamente a favor de la Ley. Las primeras recusadas fueron las magistradas de facto Alba Luz Ramos y Juana Méndez.

“Por haber vertido opinión sobre el asunto que es de su conocimiento en ocasión del recurso de inconstitucionalidad de la Ley N° 779 que actualmente promuevo, por lo cual solicito se separe del conocimiento del presente recurso”, dice el escrito de recusación.

AGILIDAD PROCESAL

El abogado también recordó a la Sala Constitucional que ya se agotó el trámite de ley correspondiente para resolver los recursos por inconstitucionalidad de la Ley, puesto que ya se mandó a escuchar a todas las partes, presidente de la República, presidente de la Asamblea Nacional y Procuraduría General de la República, por tanto demanda la resolución inmediata de los mismos.

“Solicito que dicte sentencia resolviendo el presente recurso de inconstitucionalidad”, se lee en el escrito.

SIN VICIOS

Dávila también mencionó la reunión que jueces y magistrados sostuvieron el pasado 5 de abril, donde discutieron sobre la aplicación de la Ley 779 y presentaron informes y respuestas de preguntas “inducidas sobre aspectos torales de los recursos de inconstitucionalidad”, que no se deben tomar en cuenta para la resolución de los recursos.

“Aunque la convocatoria de funcionarios del poder judicial puede servir para conocer el estado actual de la aplicación de la Ley N° 779; no debe ser un elemento dictaminador para el fallo del recurso de inconstitucionalidad, por cuanto procesalmente hablando son los funcionarios recurridos y la Procuraduría General de la República quienes brindan informe y dictamen sobre la constitucionalidad de la ley recurrida, lo cual ya se ha realizado”, dice el escrito.

Además agregó: “Cualquier otra información, datos, estadísticas, valoraciones o dictámenes son completamente improcedentes por cuanto todos esos funcionarios públicos no son partes procesales ni tienen intervención de ley”.

El jurista también pide que se tome en cuenta otras convenciones internacionales como la convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) y Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Mientras tanto organismos de mujeres mantienen que la Ley 779 es constitucional y lo que busca es poner en igualdad de condiciones a hombres y mujeres ante la Ley. Además señalan que los femicidios en el 2012 fueron 85, producto del machismo.

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