Humberto Galo Romero
Aunque desde 1994 en Nicaragua existe una ley de protección para los consumidores, la realidad es que esta norma jurídica ha resultado insuficiente para garantizar el verdadero cumplimiento del derecho de los consumidores.
De igual manera regulará los contratos por adhesión, incorpora aspectos educativos en aspectos sobre consumo responsable, se clasifican las conductas para infracciones y se faculta a la Dirección Nacional de Protección de los Derechos de los Consumidores (Diprodec), adscrita al Mific, para que las sanciones emitidas por esta dependencia tengan un mayor valor de presunción en la vía judicial.
[/doap_box]
“Es común que veas en los centros de compras el letrero no respondemos por daños a su vehículo, o que los reclamos a los entes reguladores demoren semanas en obtener una resolución o el hecho que algunos productos ofertados carecen de elementos informativos en sus etiquetas”, menciona Marvin Pomares, coordinador del Instituto de Defensa de los Consumidores (Indec).
Y es precisamente por esta razón que desde el año pasado las organizaciones vinculadas a la defensa de los consumidores, diputados, instituciones del Gobierno y representantes del sector privado, vienen efectuando una serie de consultas en aras de promulgar una normativa jurídica mucho más integral y beneficiosa para los consumidores.
“Con esta discusión el trasfondo es lograr que efectivamente las dependencias encargadas de velar por los derechos de los consumidores realicen un trabajo más efectivo”, declaró Orlando Solórzano, titular del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (Mific).
Precisamente el primer borrador de esta iniciativa de ley fue presentado este jueves durante un foro organizado por la Comisión de Economía y Presupuesto del parlamento nacional.
Según Wálmaro Gutiérrez, presidente de dicha comisión, el anteproyecto de ley “pretende ser un marco legal completo y eficaz para garantizar la protección de los derechos de los consumidores en Nicaragua”.
El parlamentario agregó que entre las novedades que se integran en el anteproyecto se hace un mayor hincapié en las competencias de los órganos reguladores de ley y de la coordinación y responsabilidad compartida.
También la ley incorpora disposiciones legales para la protección de los usuarios de servicios financieros a ser regulados por sus entes reguladores, es decir, cada ente regulador elaborará y aplicará normas específicas para protección de los consumidores.
Ver en la versión impresa las páginas: 4 C
