Noel Amílcar Gallegos
La Federación Democrática de Trabajadores del Servicios Públicos (Fedetrasep) señala que la alcaldesa de Rancho Grande, María Isabel González Amador, al no convocar a sesión municipal para constituir el Concejo Municipal como manda la Ley está perjudicando los intereses de la población en cuanto a los servicios municipales.
“Según lo que hemos monitoreado, ahí hay un interés político partidario, es lamentable que una alcaldesa no trate de ser un funcionario público municipal que esté apegado a lo que establece el artículo 17 de la Ley de Municipios que es satisfacer las necesidades y aspiraciones de su comunidad”, señaló Álvaro Leiva, secretario nacional de Asuntos Laborales y Derechos Humanos de Fedetrasep.
Mencionó que ante esta situación de intransigencia que han demostrado al no sesionar porque no han podido obtener al menos dos votos a su favor de parte de la oposición para controlar el Concejo Municipal está afectando directamente a la población.
“Y es lamentable porque violentan mandatos del artículo 130 de nuestra Constitución, que genera un perjuicio al patrimonio económico del municipio, porque no se está practicando el trabajo administrativo del Gobierno local que requieren los ciudadanos. No se está ejerciendo la labor administrativa para la aprobación de los proyectos de orden social. Acordémonos que al no percibir los ingresos esto lesiona la Ley de probidad”, apuntó Leiva.
El agremiado considera que debe de haber una intervención preventiva del órgano regulador, en este el caso de la Contraloría General de la República. “Vemos que ante una alcaldesa que no tiene la capacidad de un equilibrio de convocatoria, y al no estar prestando y utilizando los recursos administrativo como deben de ser, pues trastoca intereses que ya son de competencia de la Contraloría”, indicó.
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