Vladimir Vásquez
Expresó, además, que esta sentencia también podría tener implicaciones para el waiver de la propiedad que concede el Gobierno norteamericano a Nicaragua cada año, por la resolución a las propiedades confiscadas a ciudadanos de ese país en los años ochenta.
El exprocurador de la República, Alberto Novoa, expresó que el Gobierno de Nicaragua podría no reconocer la competencia de los tribunales norteamericanos y así desconocer la sentencia emitida por la Corte Federal de Estados Unidos.
Solórzano dijo que tuvo que recurrir a los tribunales de Estados Unidos, pues su caso no avanzaba en Nicaragua.
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Aunque los demandantes en el caso Solka están celebrando la sentencia emitida por la Corte Federal —District Court for the southern District of Florida Civil Division— esta alegría podría durar poco.
El representante de la mayoría de accionistas de la empresa Solka, Roberto Solórzano, expresó a LA PRENSA que la sentencia que manda al Gobierno de Nicaragua a pagar 5.87 millones de dólares —por considerar que el Gobierno del inconstitucional Daniel Ortega incumplió el pago de la venta de la marca Laboratorios Solka y el usufructo ilegal de otras 75 marcas— demuestra que en Nicaragua se violaron sus derechos.
“El monto no era el propósito”, expresó Solórzano cuando se le consultó si estaba satisfecho con la suma que manda la juez Úrsula Úngaro.
El Gobierno de Nicaragua no se ha pronunciado sobre este caso que empezó desde el año 2007 y que lleva otra demanda por parte de Lylle Araya Solórzano, otra de las accionistas de Laboratorios Solka, a quien se le tendría que pagar una suma de 12.3 millones de dólares si lograr ganar el juicio.
Podrían incumplir
Según el exprocurador general de la República, Alberto Novoa, el Gobierno de Nicaragua podría desconocer esta sentencia y no pagar los montos establecidos.
Explica que las leyes nicaragüenses establecen que todos los contratos efectuados en Nicaragua “tienen su consecuencia en Nicaragua bajo el amparo de las leyes nacionales”.
Es decir, si el Gobierno decidiera no reconocer esta sentencia podría alegar que no tiene efecto en nuestro país, aunque eso tendría consecuencias en el waiver de la propiedad considera Novoa.
Siendo así, los Solórzano tendrían que buscar cuentas o bienes nicaragüenses en Estados Unidos para poder embargarlos, dijo el exprocurador.
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