Ramón H. Potosme y Tania Sirias
Diputados opositores coinciden en que el Banco Central de Nicaragua (BCN) debe explicar bajo qué concepto está la cooperación venezolana, pues no debe dejar posibilidad a ambigüedades que luego permitan a Petróleos de Venezuela (PDVSA) o un tercero cobrar deuda a Nicaragua, sobre todo porque son recursos que el orteguismo ha manejado de forma privada y discrecional.
Los diputados reaccionaron ante los datos ofrecidos en la Web del BCN que indican que el crédito venezolano del 2008 al 2012 fue de 2,188 millones de dólares y no se registran como deuda pública ni privada sino como concepto de préstamos a Albanisa.
El FMI y el Gobierno asumieron que eran condicionalidad para un acuerdo económico con el organismo financiero que las cooperativas de ahorro y crédito expusieran sus estados de cuenta.
“Como Caruna, que es una cooperativa privada, está llegando a estos elevados niveles de endeudamiento, en el programa con el FMI, se estableció como condicionalidad que las cooperativas debían publicar sus estados financieros. A esta fecha Caruna no ha publicado sus estado financieros, hay que exigirle a Caruna que publique sus estados y pedirle explicación al FMI”, indicó Sáenz.
Caruna es una cooperativa de ahorro ligada al Gobierno y maneja gran parte de los fondos de la cooperación venezolana.
[/doap_box]
El diputado del Movimiento Renovador Sandinista (MRS), Enrique Sáenz, considera que debe quedar claro que es una deuda privada porque Nicaragua legalmente no ha hecho uso de su derecho de crédito petrolero de parte de Venezuela sino que lo ha hecho una empresa privada.
Sáenz recordó que con los votos del orteguismo la Asamblea Nacional aprobó una resolución en la que señalaba que la cooperación venezolana no implicaba deuda para el Estado nicaragüense.
“Habrá que esperar que llegue el presidente del Banco Central para inquirirlo sobre esto porque en otras oportunidades siendo (Alberto Guevara) ministro de Hacienda, ha reiterado que no es deuda pública, para que rectifiquen si es que se trata de un error”, dijo Sáenz.
El diputado Eliseo Núñez Morales, miembro de la Bancada Democrática Nicaragüense (BDN), dijo que desde principio de año, solicitaron a la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional que se hiciera una exposición verbal sobre el nivel de endeudamiento del país, pues la cifra presentada por el Banco Central de Nicaragua “asusta”.
“Al comienzo del gobierno de Daniel Ortega, la deuda era del equivalente al 68 por ciento del PIB y hoy estamos en el 85 por ciento del PIB”, manifestó Núñez Morales.
El diputado comentó que se debe tomar en cuenta el último cálculo del PIB que es nueve mil millones de dólares”. Agregó que tenemos un problema muy serio, ya que Nicaragua se está convirtiendo en un país consumidor, pero además se suma la baja productividad.
“Es obvio que nos hemos estado manteniendo de la cooperación venezolana y no por una buena gestión económica”, dijo el legislador opositor.
“BOMBA DE TIEMPO”
Núñez expresó que esta deuda con Albanisa es “una bomba de tiempo”, ya que en el momento que entidades privadas —diferente a PDVSA— adquieran la deuda, ya sea en este caso un banco internacional, podría pagarse con la deuda nicaragüense.
“Si PDVSA entrega la deuda a un tercero, en cualquier cambio político que haya en Venezuela, automáticamente pasamos a ser parte del mercado de deuda internacional y estaríamos siendo cobrados no por Venezuela, sino otro banco internacional. Esto también impactará negativamente ya que Nicaragua sería calificada bajamente en los estándares internacionales de los organismos multilaterales, por lo que no podríamos recibir préstamos”, expresó Núñez.
Por su lado, el asesor externo de la BDN, Óscar Carrión considera que el tema de la cooperación venezolana debe quedar los más claro posible aunque él es partidario de que se incluya como deuda pública siempre y cuando los recursos pasen al Presupuesto General de la República.
La ambigüedad del Gobierno para Carrión es una trampa puesto que si se plantea que se maneje solo privada, entonces estaría el país renunciando a gozar de los beneficios, por lo que la propuesta es que el dinero sea regulado en el Presupuesto General de la República y dinero se invierta en infraestructura, salud y educación.
“La línea debe ser en principio deuda pública siempre que se reintegren al Presupuesto y de forma retroactiva los casi 3,000 millones de dólares en utilidades porque no se sabe a esta hora cual es su destino”, sostuvo Carrión.
Ver en la versión impresa las páginas: 9 A
