Moisés Martínez
La Contraloría General de la República (CGR) dio por cerrado el caso en contra de las autoridades de la Dirección General de Aduanas (DGA), referido a los 14 vehículos de lujo que introdujeron, con aparentes privilegios fiscales en 2009, familiares cercanos al magistrado presidente de facto del poder electoral, Roberto Rivas Reyes.
El consejo de contralores, basándose en una resolución del departamento jurídico del ente fiscalizador, se dio por satisfecho con un informe presentado por Aduanas sobre este caso, revelado por una investigación de LA PRENSA publicada en febrero pasado.
CONFIRMAN ABUNDANTE PATRIMONIO VEHICULAR
Sin embargo, la Aduana, al responder la solicitud de la CGR, confirmó las revelaciones de este Diario referidas a que en 2009 el magistrado electoral de facto incrementó su patrimonio personal con 14 vehículos de lujo, cuyo valor comercial sumatorio en ese año alcanzaba los 418 mil dólares. Todos los automotores fueron comprados en Estados Unidos.
“En el consejo de contralores decidimos de forma unánime cerrar el caso, porque la Dirección General de Aduanas mandó abundante información soportada, para demostrar que los cobros que se le hicieron a la familia del señor Roberto Rivas Reyes estaban ajustados a la Ley tributaria en materia de aduanas. Esto fue lo que decidimos en base a la recomendación de nuestro departamento jurídico”, dijo el presidente del consejo superior de la Contraloría, contralor de facto Guillermo Argüello Poessy.
Como ha sido una costumbre del magistrado, nunca atendió las consultas de LA PRENSA.
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La CGR remitió a este Diario los argumentos presentados por la Aduana ante la solicitud de información presentada por el ente fiscalizador y también el análisis de su departamento jurídico.
La solicitud de la CGR ante la Aduana se da en respuesta a una denuncia interpuesta por los denominados Abogados Democráticos y representantes de organismos civiles el pasado 14 de febrero en contra de las autoridades aduaneras.
Los denunciantes solicitaron a la CGR que indagara sobre el caso a raíz de las revelaciones de LA PRENSA referidas a que Aduanas discrecionalmente redujo en 5.1 millones de córdobas el monto real de lo que deberían haber pagado en concepto de impuestos aduaneros de importación.
LOS ARGUMENTOS DE ADUANA
En la parte medular de su respuesta al ente fiscalizador, la Aduana argumenta que ellos establecieron los impuestos aduaneros en base a los documentos que presentaron los miembros de la familia del magistrado electoral de facto cuando introdujeron los automotores.
“En el caso de los vehículos en la infundada denuncia, la Dirección General de Aduanas ( ) procedió a la conformación del valor en la Aduana ( ). El precio realmente pagado o por pagar por las mercancías, en este caso sobre los vehículos usados que fueron nacionalizados mediante el pago de los derechos e impuestos, cuando estas se venden para su exportación al país de importación, el que preceptúa: El valor en aduana de las mercancías importadas será el valor de transacción, es decir, el precio realmente pagado o por pagar por las mercancías cuando estas se venden para su exportación al país de importación” , expresa en síntesis la postura de la Aduana.
Esto implicaría que para la Aduana la documentación presentada por la familia del magistrado de facto Rivas Reyes fue válida y suficiente como para determinar que los precios de compra de los vehículos eran reales y legítimos.
Sin embargo, LA PRENSA ha recogido denuncias de empresarios e importadores que aseguran que a pesar de que presentan facturas de compra originales, la Aduana siempre les determina un precio más alto por la mercancía que traen al país.
Los vehículos fueron introducidos en febrero del 2009 (uno fue ingresado en agosto de ese mismo año) por Ileana Patricia Delgado, esposa de Rivas e Indira María Rivas Delgado, Roberto Miguel Rivas Delgado y Stephanie Josephine Rivas Delgado, todos estos últimos hijos del matrimonio.
No es la primera vez que la CGR o alguna otra institución del Gobierno cierra filas para frenar cualquier indagación sobre la ostentosa vida del magistrado electoral de facto.
EL CASO COPROSA
Histórica es la resolución del ente fiscalizador que frenó las indagaciones en contra del magistrado electoral de facto en la importación de vehículos de lujo a favor de la Comisión Social de Promoción Arquidiocesana (Coprosa), de la cual era presidente.
Esa resolución impulsada por los contralores sandinistas selló la alianza entre el presidente inconstitucional Daniel Ortega y el cardenal Miguel Obando y Bravo, protector de Rivas Reyes. Esta alianza fue usada por Ortega para impulsar su carrera hacia la Presidencia de la República.
Ya con Ortega en el poder, el Ministerio Público también ha cerrado las puertas a investigar denuncias por enriquecimiento ilícito en contra del magistrado electoral presentadas por los Abogados Democráticos y miembros de la sociedad civil.
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