Tania Sirias y Ramón H. Potosme
La presidenta de la comisión, Jenny Martínez dijo que una vez se tenga la información del MEM, decidirán si presentar una reforma a la Ley de Hidrocarburos, pero no será en el sentido de regular el precio de los combustibles porque no existe legislación sobre el tema.
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Una regulación de Petronic donde informe sobre sus operaciones, conocer sus márgenes de intermediación y establecerse medidas para amortiguar el impacto en los bolsillos, es la propuesta de Enrique Sáenz, diputado del Movimiento Renovador Sandinista (MRS).
Sáenz, quien además es economista, planteó que se deben esclarecer algunos de los puntos en el tema del incremento del precio del combustible. Primero explicar por qué Nicaragua exportó en 2012, 50 millones de dólares en petróleo y combustible, según datos del Centro de Trámite de las Exportaciones.
El diputado agregó que eso significa, que alguien ha estado especulando con el petróleo y con las condiciones favorables que se reciben por parte de Venezuela. “Es decir que alguien está comprando barato y vendiendo caro el petróleo. Esa es la única explicación para que se registren esos 50 millones en exportaciones”, cuestionó Sáenz.
El legislador cuestionó como un país exportador tiene el precio más caro del combustible en Centroamérica.
EL CURIOSO CASO DE LA DNP
En el tercer punto Sáenz plantea que una buena parte de la distribución está controlada por la red de gasolineras de Petronic, que es una institución pública. Sin embargo, al presupuesto se reporta una ganancia ridícula. “En consecuencia ¿Qué hace Petronic con sus ingresos? se preguntó.
Pero el tema de las gasolineras de Petronic (en realidad DNP) es aún más confuso pues una investigación de LA PRENSA reveló que esa empresa es administrada por Yadira Leets, nuera del presidente inconstitucional, Daniel Ortega. Ella cuenta con un poder otorgado por los dueños de la distribuidora, una empresa privada cuyos accionistas son José María Enríquez Moncada y José Mojica Mejía, relacionados a negocios que maneja la familia presidencial.
“En los informes del Banco Central, encontramos que la cifra correspondiente a la cooperación petrolera venezolana, a Albanisa le queda dinero sin colocar. En 2010 fue de casi 100 millones, ¿qué se hace con ese dinero?”, cuestionó Sáenz.
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