Bogotá/EFE
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ordenó hoy aumentar la presencia de la Armada en límites con Nicaragua para defender los derechos de los pescadores colombianos que denunciaron incidentes con autoridades de ese país en el Caribe. «Ese tipo de incidentes no se deben volver a presentar, por eso la Armada Nacional va a aumentar su presencia o el número de embarcaciones que tenga, para que no se presente ningún tipo de incidente», manifestó Santos durante la apertura de una cumbre de gobernadores en la isla de San Andrés.
La Corte Internacional de Justicia (CIJ) definió el pasado 19 de noviembre un litigio entre Colombia y Nicaragua en el que le concedió al país suramericano la soberanía sobre siete cayos, que se suman a las tres islas mayores de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, colombianas por una decisión de ese tribunal desde 2007.
Al tiempo, le entregó a Nicaragua los derechos económicos sobre una extensión marítima que modificó los tradicionales límites y llevó a Colombia a perder entre 70,000 y 90,000 kilómetros cuadrados de aguas ricas en pesca y recursos energéticos y que estableció un enclave en dos islotes.
Según la gobernadora de San Andrés, Aury Guerrero Bowie, varios pescadores denunciaron que, en días pasados, mientras faenaban en aguas cercanas a Serranilla, fueron hostigados por la naval nicaragüense.
Santos advirtió: «los derechos históricos de nuestros pescadores se van a hacer respetar pase lo que pase, porque nadie tiene que pedirle permiso a nadie para ir a pescar donde han venido pescando, de eso nos encargaremos nosotros».
Según el presidente, al final de su Gobierno los habitantes y pescadores del archipiélago de San Andrés van a estar mejor que hace un tiempo, pese al fallo adverso de La Haya.
«Van a quedar mucho mejor que al comienzo, eso se va a cumplir», remarcó.
A propósito del litigio con Nicaragua, el Gobierno de Colombia recibirá en mayo próximo un informe jurídico sobre el fallo de la CIJ elaborado por el despacho de abogados británico Volterra Fietta.
Colombia contrató en diciembre a este gabinete, que según dijo la canciller colombiana María Angela Holguín ayer, detectó «un conjunto de opciones» de interpretación y revisión, a pesar de que el fallo es inapelable.
Colombia no ha ejecutado el fallo, aunque los Gobiernos de ambos países han establecido un diálogo cordial.
