Vladimir Vásquez
La operación de la venta del 86 por ciento de las acciones de la transnacional Gas Natural Fenosa está sujeta tanto a la fiscalización de las autoridades públicas como a la revelación de la información real a la ciudadanía.
LA PRENSA solicitó al presidente de facto de la Contraloría General de la República (CGR), Guillermo Argüello Poessy, una entrevista para conocer las razones por las cuales el ente fiscalizador no ha actuado para conocer los detalles de la transacción entre las acciones de la distribuidora de energía y otras empresas.
Esto tomando en cuenta que es un servicio público, que el Estado tiene acciones en el negocio y que del Presupuesto General de la República se destinan varios millones de córdobas al año para subsidiar la tarifa energética en favor de la compañía española.
“Las acciones que se venden son las de Gas Natural, no las del Estado, es entre privados, la Contraloría no puede intervenir ni pedir nada porque no hay ley que obligue a esas empresas privadas a revelar a esta institución o a LA PRENSA información”, dijo.
Sin embargo, tanto la Ley Orgánica de la CGR como la Ley de Acceso a la Información Pública establecen facultades a la Contraloría para indagar en sociedades donde haya recursos del Estado.
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