Vladimir Vásquez
En la Asamblea Nacional se preparan para devolverle la vida a la Ley que Regula la Instalación y Ubicación de Antenas de Telefonía Celular, que quedó aprobada a medias en el 2003.
La presidenta de la Comisión de Infraestructura del parlameno, la sandinista Jenny Martínez, asegura que el documento tiene como objetivo regular la ubicación de las torres de telefonía que se encuentren cerca de las zonas pobladas.
Los diputados opositores consideranque con esto se está preparando el terreno para Xinwei, que podría tener ventaja si se manda a reubicarlas antenas de Claro y Movistar.
El problema según el diputado opositor, Eliseo Núñez, es que el artículo 11 de la Ley, establece que las antenas de telefonía que estén cerca de las zonas pobladas, tendrán que ser reubicadas.
Ese artículo no se aprobó en el año 2003 que se discutió la Ley por primera vez y quedó pendiente de revisión.
Para Núñez, si se aprueba ese artículo, las empresas Claro y Movistar, tendrán que gastar más para mover esas antenas a 92 metros de las áreas urbanas.
Claramente eso sería una ventaja para el consorcio chino Xinwei, que se instalará en el país este año, dice Núñez.
También se manda a la empresa a considerar el impacto visual que las torres tendrían en los sitios turísticos.
Las empresas deben contar con permisos que otorga el “MTI y la Alcaldía Municipal, de sus respectivos territorios, que deben autorizar los planos constructivos y supervisar durante la etapa de construcción”.
El Ministerio de Salud debe certificar la frecuencia con que operará la antena se lee en el texto de la Ley.
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Explica que solo las empresas que ya operan tendrán desventaja porque la empresa nueva se acoplará a las reglas que surjan de estas discusiones en el parlamento.
“Me resulta sospechoso que a la hora que se está instalando una nueva compañía que tiene vínculos con el poder económico actual, mueven las leyes de telecomunicaciones” expresó Núñez.
Martínez dice que está por verse si el artículo 11 será aprobado porque era un punto transitorio en la antigua discusión “pero como todavía no hemos entrado en la discusión en la comisión, tenemos que volver a revisarla” explicó.
REVISARÁN CON EMPRESAS
Martínez dijo que antes de aprobar la nueva Ley la Comisión de Infraestructura llamará a las empresas de telefonía para que hagan sus aportes y que el artículo 11, tendrá que ser discutido para determinar si será retroactico.
LA PRENSA intentó conocer la versión de la empresa Movistar pero indicaron que este jueves ofrecerían declaraciones al respecto.
En el caso de Claro, no pudimos comunicarnos con el área de Relaciones Públicas para solicitar una entrevista.
LA LEY DICE:
El texto que se desempolvó establece como sitios especiales a los centros de desarrollo infantil, escuelas, colegios, hospitales, mercados e iglesias y manda a no instalar antenas a menos de 200 metros de esos sitios.
A la vez exige que cada dos años, los operadores de antenas deben hacer recalibraciones de sus torres y pasar los reportes al ente regulador de las telecomunicaciones Telcor.
El inciso “b” del artículo ocho, establece como una de las sanciones ante el incumplimiento de lo dispuesto en la ley que “en caso de no obedecer a lo ordenado por TELCOR, éste podrá ordenar la detención de la instalación de antena a través de la fuerza pública”.
También se establece multas de hasta cien mil córdobas en el caso de que la empresa operadora insista en instalar antenas en zonas anteriormente prohibidas y hasta se podría suspender la licencia de operaciones.
BUSCAN IRRETROACTIVIDAD
Núñez asegura que lo más importante en todo esto es que en el caso del artículo 11 que manda a reubicar las torres se pueda obtener la irretroactividad de la Ley que se buscaba en un principio.
La ley ya pasó a comisión y quedó en tubería hace dos legislaturas según Núñez y se podría retomar su discusión luego de un análisis que se hace para determinar si podría agregársele más artículos.
EL DETONANTE
Esta Ley fue introducida en la Asamblea Nacional en el año 2003 por los diputados de aquella legislatura, luego que ciudadanos de Granada se enfrentaran a la Policía Nacional por la instalación de antenas cerca desus viviendas.
El texto no fue discutido con las tres empresas de telefonía que brindaban servicios en aquel entonces en el país.
Enitel, PCS Digital y Bellsouth Internacional, temieron que su inversión que superaba los 200 millones de dólares estuviera amenazada por lo establecido en el documento.
