NUEVA YORK/AP
La canciller colombiana Maria Ángela Holguín espera que Naciones Unidas comprenda el estado de «vulnerabilidad» con el que la Corte Internacional de Justicia ha dejado a los casi 80,000 habitantes del archipiélago de San Andrés después de establecer una nueva frontera marítima entre Colombia y Nicaragua.
Holguín planea reunirse hoy con el Secretario General de la ONU, Ban Ki-Moon, para expresarle las consecuencias de la decisión de la CIJ, que privará a los sanandresanos de los importantes recursos pesqueros de los que dependen, dijo la canciller a los medios de comunicación.
La Corte sentenció en noviembre que la soberanía del archipiélago, conformado por tres islas y siete cayos deshabitados en el mar Caribe, es de Colombia, pero otorgó derechos de explotación a Nicaragua en aguas alrededor de al menos dos de los islotes o cayos.
«Lo que hemos querido es que el secretario general oiga de viva voz de los sanandresanos, que realmente son los dolientes de este fallo. Esto es un tema de carne y hueso, no se trata sólo de trazar unas líneas sin que se den cuenta de que están afectando la vida misma de muchas personas», dijo Holguín a Associated Press.
Representantes de la Misión de Nicaragua ante Naciones Unidas no respondieron de forma inmediata a una solicitud de declaraciones por parte de Associated Press.
La ministra de Relaciones Exteriores se encuentra acompañada por la gobernadora de San Andrés, Aury Guerrero, quien dijo que cuando se pierde territorio en el archipiélago peligra la existencia del grupo étnico local raizal y su sustento económico. Los sanandresanos pescan en aguas que ahora son de derecho nicaragüense.
«Este es un tema de seguridad alimentaria», dijo Guerrero a la AP. «No tenemos ganadería. Todo lo que consumimos viene por aire o mar. El mar es nuestro sustento».
Bajo el fallo de la CIJ, Nicaragua tiene ahora derecho a explotar aguas cercanas a los cayos Quitasueño y Serrana. Eso significa separarlos de la unidad histórica y geográfica del archipiélago, dijeron Holguín y la delegación de San Andrés.
La canciller también destacó que la decisión de la Corte puede tener consecuencias ambientales negativas, ya que la reserva de anémona de mar del archipiélago fue declarada por la Unesco como patrimonio de la humanidad. La seguridad y la paz en la región son un tercer factor a tener en cuenta, explicó.
El archipiélago, que alberga una de las mayores reservas coralinas del mundo, está ubicado a 720 kilómetros de la costa de Colombia y a 110 kilómetros del territorio continental de Nicaragua.
La Corte tomó en noviembre decisiones que van en contra de su jurisprudencia y del derecho internacional del mar, dijo Holguín en referencia a tratados que establecen la frontera marítima entre ambos países en el meridiano 82.
La canciller agregó que a pesar de que la decisión de la CIJ no se puede apelar, Colombia está trabajando en presentar una revisión.
Ambos países están hablando, además, para solucionar la situación, dijo la ministra.
«Los dos países somos responsables y no vamos a permitir que haya un incidente en la frontera», dijo Holguín. «Los presidentes se reunieron en México hace 15 días. La idea es poder tener un diálogo, en ese sentido, para que no vaya a pasar nada».
